La portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, confía en que “el rechazo rotundo de Bruselas a la proposición de ley de PP, C’s y Vox para regularizar pozos ilegales en Doñana haga rectificar a Moreno Bonilla y sus socios”.

Tras conocer la respuesta de la Comisión Europea al escrito dirigido por Unidas Podemos, Nieto ha pedido que la tramitación de la proposición de ley se paralice, ya que “por un lado, genera unas expectativas a los agricultores afectados que no se pueden satisfacer, a riesgo de poner en mayor peligro esta reserva natural, compromete el cumplimiento de la sentencia del TJUE, lo cual comporta sanciones millonarias a España y, además, de aprobarse, tendría poco recorrido porque invade competencias de otras administraciones”.

La dirigente de IU Andalucía se ha referido así al pronunciamiento del Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, que recoge su “profunda preocupación” por la situación del Parque Nacional y concluye que utilizará “todos los medios a su disposición” para garantizar el cumplimiento de la sentencia del TJUE que dictaminó el cierre de los pozos ilegales. Inmaculada Nieto ha insistido en que “esta iniciativa es un atentado medioambiental, que afecta a un Parque Nacional que ya está en serio riesgo de desertización y agudizaría la competencia desleal a los agricultores de la zona que desarrollan su actividad conforme a la ley”.

Nieto ha señalado que “existe un clamor popular e institucional contra esta iniciativa que es más que suficiente para que el Gobierno andaluz deje de alargar este año a los agricultores de la zona, porque es plenamente consciente de que les está generando unas expectativas que no puede satisfacer, porque no hay agua y porque además la concesión de agua no está entre sus competencias”.

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía ha asegurado que la tramitación de esta ley “no nos lleva a ningún buen sitio y además podría comportar sanciones millonarias a España, además de poner en riesgo a Doñana, para más inri en un contexto de sequía como el actual”. Además, Nieto ha recordado que fue Unidas Podemos por Andalucía el único grupo parlamentario que se opuso en el Parlamento de Andalucía a que se iniciara la tramitación de esta proposición de ley.

Nieto ha subrayado que la tramitación de esta proposición de ley “es una engañifa que ha quedado en evidencia”. En este sentido, la portavoz de UPporA ha indicado que “estamos jugándonos millones de dinero público con una iniciativa que, quien la promueve, sabe que no lleva a ningún sitio y que perjudica a la producción agraria onubense”. Según Nieto, “un puñado de votos no puede pesar más que los perjuicios que desencadenaría la aprobación de esta iniciativa, medioambiental, social, y económicamente, por lo que el Gobierno andaluz y los grupos parlamentarios que han impulsado esta proposición deberían parar máquinas”.

Este es el texto íntegro de la respuesta de la Comisión:

“De conformidad con la Directiva sobre hábitats, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de junio de 2021 en el asunto C-559/192 exige que España adopte medidas eficaces para detener el deterioro de los tipos de hábitats protegidos situados en los lugares Natura 2000 pertinentes y restablecer su estado. Además, para abordar las causas del deterioro de los hábitats naturales, España debe utilizar correctamente los instrumentos previstos en la Directiva marco sobre el agua para la gestión sostenible de los recursos hídricos. La Comisión está comprobando si las autoridades españolas están adoptando todas las medidas necesarias para cumplir la sentencia.

La Comisión está profundamente preocupada por las posibles repercusiones que la legislación propuesta podría tener, en caso de aprobarse, en las perspectivas de ejecución de la sentencia del TJUE. En consecuencia, la Comisión desea obtener aclaraciones de las autoridades españolas sobre esta propuesta y ya ha reiterado que está dispuesta a utilizar todos los medios a su disposición como guardiana de los Tratados para garantizar la ejecución de la sentencia”.