La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha solicitado al instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo que cite a los dos catedráticos que elaboraron un informe encargado por el propio aforado en el que consideran legales los procedimientos seguidos en los ERE.

Un informe que contradice al de la Intervención General
Este informe pericial, favorable a Griñán y al también expresidente Manuel Chaves, contradice la tesis de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), según la cual, los responsables de la Junta de Andalucía efectuaron un uso ilegal de la herramienta presupuestaria con la que se dotaban económicamente los ERE.

Visión completa
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Griñán solicita que se cite a los peritos para que ratifiquen el informe, al igual se hizo con los expertos de la Intervención, para que el instructor tenga así "una visión completa y no sesgada de la realidad de lo sucedido".

Los peritos del IGAE y el Gobierno
También denuncia que los peritos de la IGAE fueron designados por unos responsables de este organismo, dependiente de Hacienda, que fueron a su vez "nombrados por un gobierno sustentado por un partido político que se encuentra personado como acusación" en esta causa, en referencia al PP de Andalucía.

El informe de parte, "orillado completamente"
El informe de parte, que ha sido, dice la defensa de Griñán, "orillado por completo", lo han elaborado los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario Juan Zorzona y Miguel Ángel Martínez Lago, quienes consideran ajustados a derecho los procedimientos seguidos para la autorización, ejecución y control de los gastos financiados con cargo al programa de ayudas laborales.

Por su parte, el informe de la IGAE fue el que sirvió a la jueza de Sevilla Mercedes Alaya, que instruye también este caso, para sostener que el Gobierno andaluz diseñó un sistema ilegal para distribuir ayudas, por lo que habría indicios de prevaricación y malversación en los dos expresidentes y en otros siete exconsejeros de la Junta.

Comparecencia ante el Supremo
El informe pericial solicitado por Griñán sostiene, sin embargo, que las transferencia de financiación a través de las cuales se pagaron los ERE fueron legales. La defensa de Griñán considera necesario que el juez escuche los argumentos de los catedráticos y que les someta así a una comparecencia ante el magistrado y las partes, en la que se les puedan efectuar preguntas, lo mismo que se hizo con los peritos de la Intervención en el juzgado de Sevilla.

Lesionado su derecho a la defensa
De lo contrario, denuncia que se lesionaría el derecho a la defensa de Griñán, que ya se ha vulnerado, añade, al haberse enviado el informe de parte a la jueza Alaya, quien lo tenía ya en su poder cuando el pasado febrero tomó declaración a los peritos de la IGAE, que ratificaron su informe afirmando que hubo "descontrol absoluto en el pago de las ayudas" concedidas por la Junta de Andalucía.

La defensa critica que se haya "permitido" que ese informe de los catedráticos fuera debatido en el juzgado de Sevilla sin la presencia de los abogados que lo presentaron y sin que los propios peritos de parte pudieran estar en la declaración para defender sus conclusiones.