Solo queda por entrar en prisión el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE al igual que otros ocho ex altos cargos autonómicos. Por razones de salud, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá no ingresará en prisión.
Esta tarde han ingresado en la cárcel de Sevilla el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; Jesús María Rodríguez, que fue viceconsejero de Innovación, y Miguel Ángel Serrano, ex director general de IDEA.
Horas antes lo hacía en la cárcel de Huelva el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, después de que ancohe lo hubiera hecho el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández en la prisión de El Puerto III.
La utilización y el mantenimento durante diez años de un procedimiento sin los suficientes controles administrativos ni garantías de transparencia fue el argumento principal de la justicia para justificar las penas de prisión, ya que, además de cometer prevaricación, ocho de los procesados habrían incurrido en malversación aun cuando el grueso de los 680 millones de euros fuera a parar a destinatarios legítimos: más de 6.000 de ellos siguieron cobrando puntualmente las ayudas de la Junta aun después de dictaminar la justicia que eran ilegales.
La primera en pisar la cárcel, el pasado miércoles, fue la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. Vallejo, Román y Serrano han ingresado poco después de las 18.00 horas en la prisión Sevilla I, acompañados por sus familiares.
Esta medianoche concluía el plazo voluntario que les concedió la Audiencia de Sevilla para hacer efectiva la ejecución de la sentencia. Griñán está pendiente del informe forense solicitado por la Audiencia de Sevilla que deberá confirmar la gravedad de la enfermedad que padece y que necesitaría ser tratada fuera de la cárcel.
Francisco Vallejo fue condenado a siete años y un día y a 18 años de inhabilitación por prevaricación y malversación; y José Antonio Viera, consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a siete años y un día y a 18 años de inhabilitación; Jesús María Rodríguez, a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación y malversación, y Miguel Ángel Serrano, a seis años y seis meses de prisión y 17 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Semanas atrás, la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, relacionada en rueda de prensa el dramático desenlace del caso ERE con la "cacería política" emprendida en su día por el PP, que "ha estado más interesado en perseguir a personas honestas y honradas que no se han llevado ni un euro, que no han beneficiado a sus amigos, ni a sus familiares ni a su organización política, que en perseguir a personas que cometieron un fraude".
Férriz no lo mencionó, pero tampoco la propia justicia mostró nunca interés alguno en recuperar los 680 millones de euros que considera malversados. En un tono mucho más duro que el utilizado desde hace años por los dirigentes socialistas en este tema, donde el partido optó por un perfil político deliberadamente bajo, Férriz atribuyó al PP una "obsesión" por "enterrar y ocultar lo conseguido en 37 años" de "historia real de progreso" de Andalucía bajo gobiernos socialistas.
"Las sentencias se acatan, pero no compartimos ni los argumentos ni las interpretaciones", remarcó aludiendo al voto discrepante de dos de los cinco magistrados que se encargaron de la sentencia del Tribunal Supremo que revisaba la de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados por el sistema de financiación de los ERE. Las dos magistradas discrepantes consideraron que cinco de los condenados a prisión, entre ellos Griñán, lo han sido merced a "un salto en vacío" de la sentencia.
