Se llama Manuel Aguilar Illescas, fue concejal del PP en Estepona de 2011 a 2019, se le considera muy próximo al expresidente de la Diputación de Málaga y hombre fuerte del Gobierno andaluz Elías Bendodo y el gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas de Andalucía ya advirtió de su falta de idoneidad para ocupar el puesto de secretario general de la institución, pese a lo cual fue designado el pasado día 26 para el cargo gracias a los votos de PP, Cs y Vox.
Ahora ha trascendido que, desde hace meses, Aguilar está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación por un juzgado de Estepona, que intenta esclarecer si tiene fundamento la denuncia según la cual el exconcejal favoreció a una empresa al otorgarle una concesión municipal.
Así lo adelanta hoy el digital InfoLibre en una información firmada por su redactor Ángel Munárriz. Aguilar ya declaró en septiembre pasado en el juzgado en su calidad de investigado, aunque él asegura que se trata de un asunto sin relevancia que acabará siendo archivado porque los informes técnicos respaldaban su decisión.
La Cámara de Cuentas es precisamente la institución encargada de velar por el buen uso del dinero público que se gasta en Andalucía. La denuncia involucra a Aguilar en la adjudicación a la empresa El Campanario Ocio y Turismo SL de la la construcción y explotación de un complejo deportivo con campo de golf, club social y guardería.
La falta de idoneidad de Aguilar para el cargo de secretario general de la Cámara fue recogida en un informe de la letrada jefa de la institución, que advertía de que "las funciones públicas de secretaría deben estar reservadas a funcionarios”, según prescribe el Estatuto Básico del Empleado Público. Pese a ello, la mayoría conservadora impuso su criterio político, en contra de los representantes de PSOE y Adelante.
