En su interrogatorio al expresidente José Antonio Griñán, la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero marcó diferencias en el tono más bien plácido del resto de la jornada, y no solo las marcó con el tono de los comisionados de los otros partidos, sino incluso con el del representante de su propio partido que un rato antes había interrogado al expresidente Manuel Chaves. El tono de Ruiz Sillero fue fuertemente inquisitorial, aunque precisamente por ello la correosa parlamentaria protagonizó el duelo dialéctico más vibrante de la jornada. Enfrente, sin embargo, no tenía un rival fácil: Griñán se defendió echando mano de sus habilidades como parlamentario, aunque pasó sus mayores momentos de apuro cuando la diputada conservadora desenterró las ayudas otorgadas a la empresa de la mujer de quien fuera vicesecretario del PSOE andaluz, Rafael Velasco, ‘el delfín’ de Griñán en palabras de Sillero. “Las razones de la dimisión del señor Velasco fueron personales y no las voy a revelar aquí”, reiteró el expresidente, que se presentó a los comisionados como “un pensionista de clases pasivas”. La parlamentaria daba por hecho en todo momento que existió el fraude y que las decisiones administrativas y políticas de la Junta sobre la formación iban encaminadas a favorecer a empresas amigas y a “tapar el fraude”. Además de reprochar a la parlamentaria "su desmedida afición a las tapaderas", Griñán se defendió: “Ustedes, esta comisión de investigación, dirán si hubo fraude, pero si parten de que lo hay, que es lo que hace usted, no sé para qué hacen la comisión”. Previamente, Griñán había marcado su posición: “Las deficiencias no han sido de la Administración, sino en todo caso contra ella”. PREGÚNTELE A LA PRESIDENTA En su segundo turno, Ruiz Sillero contraatacó con Susana Díaz en relación con su decisión de paralizar los programas de formación. La diputada le pidió una valoración y Griñán contestó lo mismo que Chaves: “Pregúnteselo mañana a la señora presidenta”. Sillero insistió una y otra vez haciéndole ver al expresidente que la decisión de Díaz era una condena implícita de la gestión de su predecesores en San Telmo. También preguntó por las exceptuaciones, más de 3.000 en la etapa de Griñán, lo que en opinión de Sillero aumentaba el riesgo de pérdida de fondos públicos y “abría la puerta al fraude”. El expresidente replicó que la norma andaluza es más exigente que en el resto de España y que en todo caso siempre estaban informadas favorablemente por los servicios jurídicos. COMPLICIDAD Y TONO AFABLE Mucha mayor complicidad hubo entre el diputado de IU José Antonio Cebrián y su tocayo el expresidente. Cebrián preguntó reiteradamente por la generalización de las exceptuaciones, pero no hizo sangre con el compareciente. Como tampoco la hizo el representante de Podemos, Juan Moreno Yagüe, que defendió la tesis, bastante "lógica", de que “se utilizó la exceptuación para salvar el escollo administrativo de la falta de personal”. Más combativa se mostró la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, que también insistió en las exceptuaciones y, como con anterioridad hizo con Chaves, también le pidió autocrítica a Griñán. Pero tampoco este se mostró muy proclive a hacerla: “Esto es una comisión de investigación, no una comisión de autocrítica. Claro que puedo hacer autocrítica: aquí el gran problema es que en un momento no hay suficientes recursos humanos”.