El PSOE de Andalucía da un paso al frente y anuncia que pedirá una comisión de investigación en el Parlamento autonómico para esclarecer la presunta infiltración de la red corrupta del exministro Cristóbal Montoro en el Gobierno de Moreno Bonilla. Los socialistas advierten que la "camarilla" de Montoro pudo haber redactado leyes en beneficio de grandes empresas energéticas y del sector del juego, utilizando el Boletín Oficial de la Junta como un instrumento al servicio de intereses privados. "No es una ramificación del caso, es todo un árbol podrido en Andalucía", ha sentenciado Mario Jiménez, portavoz socialista de Presidencia.
Según los socialistas, existen indicios de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) habría sido utilizado “al dictado de intereses particulares”, del mismo modo que el Boletín Oficial del Estado (BOE), presuntamente manipulado por esta red corrupta durante años.
“No hablamos de ramificaciones, sino de un árbol podrido con raíces en Andalucía”
El portavoz socialista de Presidencia ha advertido de que “no hablamos solo de ramificaciones, sino de un árbol podrido que ha echado raíces en Andalucía”. Jiménez ha señalado que el objetivo de la comisión sería “verificar, controlar y estudiar” toda la documentación relativa a los procesos de simplificación administrativa entre 2019 y 2022, con el fin de colaborar en el esclarecimiento judicial de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
“Este caso ha servido nada más y nada menos que para poner al servicio de los que más tienen el Boletín Oficial del Estado. Y tememos que lo mismo ha ocurrido con el BOJA”, ha asegurado Jiménez en una comparecencia en Córdoba. El caso, que salpica directamente al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, gira en torno a una presunta red que, a cambio de comisiones millonarias, ofrecía la posibilidad de modificar leyes para beneficiar a determinados sectores privados. “Una auténtica agencia de mangantes —ha denunciado Jiménez— que operaba al margen del interés general”.
El PSOE-A sostiene que existen conexiones directas entre esta red y el actual Ejecutivo andaluz que preside Juan Manuel Moreno Bonilla. En concreto, apuntan al exconsejero de Hacienda, Alberto García Valera, como uno de los nexos. Valera, ex alto cargo del Ministerio de Hacienda con Montoro, está actualmente imputado en la causa y, según ha recordado Jiménez, “fue quien abrió las puertas a esta camarilla en el seno del Gobierno andaluz”.
Una de las piezas clave, ha destacado el portavoz, es la contratación de determinadas consultoras para realizar auditorías de normativa fiscal. “Algunas de esas firmas son las mismas en las que acabó trabajando el propio Valera tras dejar el cargo”, ha apuntado. Entre las decisiones más polémicas del Gobierno de Moreno Bonilla está la bajada de impuestos a las grandes fortunas y sectores como el del juego o el energético, mientras se recortaban partidas destinadas a la lucha contra la ludopatía y los programas de drogodependencias.
“Cuatro de los cuatro decretos de simplificación administrativa aprobados han beneficiado claramente al sector energético, el mismo que —según las investigaciones— pudo haber pagado hasta diez millones de euros en mordidas para alterar leyes a su favor”, ha advertido Jiménez.
El dirigente socialista ha anunciado que su grupo exigirá toda la documentación relativa a la elaboración de esos decretos, incluidos informes técnicos, contratos de consultoría y las agendas de los responsables de las consejerías implicadas: Presidencia, Hacienda e Industria. “Queremos saber si, como sospechamos, la mano negra del despacho de Montoro redactó normas diseñadas a medida para beneficiar a sectores muy concretos”.
Finalmente, Jiménez ha planteado una inquietante posibilidad como es el que antiguos colaboradores de Montoro, como Valera o el actual consejero Juan Bravo, hubieran facilitado la entrada de la trama en el Ejecutivo andaluz. “Nos preguntamos si esos peones del señor Montoro tuvieron acceso directo a las decisiones normativas. Si fueron ellos quienes tomaron la pluma y redactaron normas no para servir al interés general, sino para enriquecer a unos pocos”.
