Las consecuencias de las borrascas Leonardo y Marta por Andalucía han sido devastadoras, ocasionando un daño que será difícil de recuperar y aún complicados de cuantificar. Según las últimas informaciones, más de 11.000 personas han sido evacuadas en toda la comunidad, siendo la provincia de Cádiz la más castigada, con Grazalema como el epítome del infortunio. La red de transportes también ha sufrido un colapso considerable con más de 200 carreteras afectadas y cerca de 150 vías cortadas totalmente al tráfico, algunas por los desperfectos ocasionados y otras por la inaccesibilidad. 500 millones de euros ha sido la primera cifra que el propio presidente de la Junta, Moreno Bonilla, ha esbozado sobre la cuantificación de los daños ocasionados en la red viaria de carreteras andaluzas.
Ahora, es el turno de las administraciones. El Gobierno de España ha aprobado un primer paquete de contingencias. Concretamente, se ha acordado declarar zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios de Andalucía que han sufrido las consecuencias de la sucesión de fenómenos meteorológicos adversos ocurridos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.
Esta medida forma parte de un paquete global de respuesta estatal que reconoce un total de 76 episodios catastróficos en catorce comunidades autónomas. No obstante, la decisión tiene una especial incidencia en Andalucía, comunidad que ha soportado una persistente inestabilidad atmosférica caracterizada por la reiteración de episodios adversos en un corto espacio de tiempo. La declaración cubre de manera integral los daños provocados por las borrascas ‘Claudia’ (noviembre) y ‘Emilia’ (diciembre), así como los recientes y virulentos pasos de ‘Leonardo’ y ‘Marta’. Asimismo, se incluyen bajo este paraguas de protección diversos episodios de lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones registrados a principios de enero que han alterado significativamente la vida diaria en numerosas comarcas.
Por su parte, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha realizado una petición al Gobierno de España que ha provocado la reacción inmediata del propio PSOE andaluz, por considerarlo una petición que se basa más en la "confrontación" que en buscar una reparación efectiva de los daños ocasionados.
Por partes: la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, se ha dirigido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta al Gobierno central, requiriéndoles poder usar el superávit para la recuperación sin que compute en la regla de gasto. Es decir, que el Gobierno permita a la Junta de Andalucía utilizar el dinero 'sobrante' de 2025 para poder destinarlo a los daños.
Tras estas declaraciones, preguntaron a la consejera en la rueda de prensa que especificara de cuánto dinero estábamos hablando, dado que, tan solo en carreteras Moreno Bonilla ha cifrado las pérdidas en 500 millones de euros y, si, en caso de necesitar más fondos, la Junta estaba pensando adherirse a esa propuesta de quita de deuda a propuesta del Gobierno central.
La consejera, en primer término, explicó que aún no sabe cuál sería la cantidad de dinero que usarían de ese superávit para destinarlos a la catástrofe. Unas declaraciones que dejan en entredicho la afirmación realizada por la propia España momentos antes, dado que está requiriendo al Gobierno poder utilizar unos fondos sin saber cuánto necesita. Es más, los datos de 2025 aún no están cerrados, por lo que no se sabe siquiera cuál es el superávit de la Junta andaluza. Y, por otro lado, según los datos de la Autoridad Independiente de Rentabilidad Fiscal (Airef) en noviembre, Andalucía acabó 2025 en equilibrio presupuestario. Es decir, que no habría tal superávit. A pesar de ello, el Gobierno central, y el resto de administraciones, ya han aclarado que se pondrán en marcha las partidas necesarias. Lo que ocurre es que la consejera está pidiendo sin saber aún qué pide.
Estos datos son los que ha utilizado el PSOE andaluz para pedirle al Gobierno de Moreno "responsabilidad" y "no echar balones fuera" ante la catástrofe. Si finalmente los datos de la Airef de noviembre se trasladaran a todo el año, expresan los socialistas "el anuncio de Carolina España demuestra, como poco, falta de rigor y la obsesión de Moreno Bonilla por confrontar con el Gobierno de España".
Además, los socialistas han anunciado que el Gobierno de España llevará otro paquete de medidas urgentes para aprobarlos la semana que viene, "que tendrá a Andalucía como principal beneficiaria. Toca remar en la misma dirección y que cada administración exprima sus competencias, para que los ciudadanos afectados puedan volver a la normalidad cuanto antes".
Asimismo, respecto a la pregunta de adherirse a la quita de la deuda para que la Junta de Andalucía no tenga que endeudarse dado que, pese a las ayudas, todo parece indicar que la Junta de Andalucía tendrá que disponer de fondos, la consejera se ciñó a presumir de presupuestos, en vigor desde enero de 2026 y dotadocon 51.000 millones de euros. Ante lo que España considera un presupuesto de suficiente envergadura para "mover las partidas que haya que mover para complementar los recursos que, lógicamente, tendrán que poner otras administraciones".
En la misma rueda, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha ofrecido la cifra de 535 millones como primera referencia de los desperfectos detectados en las vías de titularidad autonómica. Díaz ha definido el cálculo como "un primer balance, un balance provincial" y ha indicado que sirve para entender "la excepcionalidad" del escenario y lo que implica su recuperación para las administraciones.
En ese mismo contexto, Rocío Díaz ha anunciado un paquete de 260 millones de euros para intervenir de forma inmediata. La consejera ha encuadrado esta decisión en la idea de que "no hay tiempo que perder" y que "los andaluces no pueden esperar". La responsable de Fomento ha denominado esta etapa como "primera fase de actuaciones, el plan de choque urgente". Según ha explicado, el objetivo es "recuperar de inmediato" las carreteras dañadas y garantizar su utilización con "plenas garantías".
Las actuaciones se ejecutarán en siete de las ocho provincias, de acuerdo con el desglose ofrecido por la consejera. El mayor volumen de inversión se concentrará en la provincia de Cádiz, donde se gastarán 107 millones, al tratarse de la zona donde se ubicará "el grueso" de las intervenciones.
PSOE-A reclama "medidas"
La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha exigido al Gobierno de Moreno Bonilla la puesta en marcha de medidas "inmediatas" para paliar los graves daños causados por la borrasca Leonardo y los temporales sucesivos en la comunidad. Tras destacar que el Gobierno de España ya ha cumplido con la declaración de zonas catastróficas en los municipios y comarcas más afectados, Márquez ha cuestionado la falta de acción por parte de la Junta de Andalucía y otras administraciones locales, instándolas a abandonar el "afán de protagonismo" político para centrarse exclusivamente en ofrecer soluciones a las familias que lo están pasando mal.
Para dar cauce institucional a esta situación de emergencia, el Grupo Socialista ha registrado más de 600 iniciativas en el Parlamento andaluz, las cuales recogen casos específicos de personas y negocios que se enfrentan a la ruina tras las inundaciones. La portavoz socialista ha subrayado que existe un sentimiento de profunda desesperación y frustración entre la ciudadanía, por lo que ha reclamado al Ejecutivo autonómico que esté "a la altura de las circunstancias" y atienda estas propuestas con la mayor brevedad posible para disipar la incertidumbre que viven los sectores damnificados.
Finalmente, Márquez ha reivindicado con orgullo la labor de los servidores públicos, desde los alcaldes y alcaldesas hasta los efectivos de la UME, el Infoca, bomberos y Protección Civil, quienes se han jugado la vida para proteger a la población. Frente a posturas que califica de populistas o radicales, la representante socialista ha defendido que "el pueblo se salva con sus servicios públicos" y ha insistido en que la única vía para superar esta catástrofe es la colaboración institucional responsable y el fortalecimiento de las estructuras públicas de cuidado y rescate.
