Las mascarillas defectuosas se están convirtiendo en un quebradero de cabeza no solo político, sino también judicial para el Gobierno andaluz. Hoy se ha sabido que la Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado diligencias de investigación penal para aclarar por qué razón y en qué condiciones se produjo la distribución por las autoridades andaluzas de mascarillas caducadas o defectuosas entre el personal sanitario.
El Ministerio Público se hace así eco de la denuncia presentada días atrás por la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Andalucía tras confirmar que la Junta había distribuido una partida de mascarillas quirúrgicas cuya fecha de caducidad, de 2014, había sido tachada fraudulentamente.
En efecto, los envases de las mascarillas marca Confort Cover tenían una señal negra, sin que se pensara por parte del personal de suministros que ocultara la fecha de caducidad
Según la denuncia sindical, era “el quinto lote defectuoso distribuido a los profesionales sanitarios de Andalucía", según relataba UGT, que mencionaba un informe según el cual este material se recibió en los almacenes del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y procedían directamente de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.
Recordaba la denuncia que “con anterioridad se había tenido que retirar un lote de la marca GarryGalaxi, mascarillas también defectuosas que se habían entregado a los profesionales sanitarios para su uso y que habían sido enviadas por el Ministerio de Sanidad, y que al igual que las mencionadas en el apartado anterior han puesto en riesgo a los profesionales sanitarios".
UGT Andalucía ha valorado "muy positivamente" este viernes que la Fiscalía Superior "tome medidas y se implique en la investigación de las polémicas mascarillas. "Más de 8.000 profesionales afectados a día de hoy son números que harían temblar a cualquier Gobierno", ha dicho el secretario regional de Sanidad de la Federacion de Empleados/as de los Servicios Publicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías.
