Los Fiscales Delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada no se apiadan de los políticos condenados en la macrocausa de los ERE y exigen su inmediato ingreso en prisión tras la condena del Tribunal Supremo.

En el escrito dado a conocer este jueves informan de que la Fiscalía "reitera en todos sus extremos el contenido de su informe de fecha 2 de noviembre de 2022 por el que se opone a la suspensión de la pena de prisión impuesta a los penados Sres. Griñán Martínez, Fernández García, Viera Chacón, Vallejo Serrano, Barberá Salvador, Rodríguez Román, Márquez Contreras, Serrano Aguilar y Sra. Martínez Aguayo. De igual modo –añade el escrito– no procede la suspensión de la pena de inhabilitación especial a la que fue condenado Antonio Vicente Lozano Peña".

El Ministerio Público no considera de suficiente peso para hacerle cambiar de opinión el hecho de que los condenados hayan planteado incidentes de nulidad de la sentencia se propongan tramitar, o ya lo hayan hecho, recursos ante el Tribunal Constitucional o peticiones de indulto al Gobierno de la nación.

Las defensas han solicitado la suspensión de las penas impuestas a los inculpados, pero los fiscales de Anticorrupción ya consideraron en un escrito anterior que el Código Penal "hace referencia a que, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto pudiera resultar ilusoria". En su opinión, la medida de gracia tiene un "carácter excepcional" porque "el interés público reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan".

Como se sabe, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, si bien en el caso del expresidente José Antonio Griñán y demás condenados no adscritos a la Consejería de Empleo hubo fuertes discrepancias en la Sala. Dos magistradas de los cinco jueces del tribunal emitieron un contundente voto particular contrario a la condena por malversación, el delito que conlleva cárcel y cuya atribución al expresidente y los otros cuatro ex altos cargos ambas juezas calificaban de “salto en el vacío”.

Es cierto que la sentencia del Supremo es firme, pero se trata en cierta medida de una firmeza provisional, pues en este caso el Constitucional opera de hecho como tribunal de apelación que tiene la última palabra. No sería, además, la primera vez que el TC desautoriza al TS.

Ordenar el ingreso inmediato en prisión de Griñán y, por extensión, de los ocho condenados restantes a penas de prisión sería arriesgarse a ocasionarles un daño irreparable, pues el hecho mismo de entrar en la cárcel ya ocasiona un perjuicio imposible de restañar en personas no ya sin antecedentes penales, sino con una trayectoria impecable de servicio público. La última palabra la tiene ahora la Audiencia de Sevilla.