La Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado diligencias de investigación penal por la contratación de 159 empleados públicos que efectuó la Junta de Andalucía el pasado 8 de julio. En el punto de mira judicial se encuentra el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, mano derecha del presidente, Juanma Moreno (PP)  y dos de sus colaboradoras. Todos ellos están acusados de cometer un delito de prevaricación -al dictar una resolución injusta a sabiendas-.

Fue la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) la entidad que interpuso una denuncia contra Bendodo; la secretaria general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, Ana María Vielba; y la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Silva, como "autoridades responsables de las contrataciones de personal para la Junta de Andalucía", así como "contra cuantas personas pudieran derivarse del presente procedimiento". 

Ahora, Ana Tárrago, la Fiscal Superior de Andalucía, ha designado al fiscal José Rogelio Muñoz Oya para que lleve a cabo las "actuaciones que estime conveniente" y elabore en próximas fechas "un informe-propuesta" sobre el que basar la decisión a tomar. 

Grave denuncia

Según la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, en la mencionada convocatoria de interinos se incurría en una "discriminación" al excluir de la misma a "mujeres embarazadas o en periodo de lactancia", lo que dicha organización ve como "presuntamente inconstitucional". Igualmente, la coordinadora formulaba su denuncia por "excluir" la referida convocatoria de empleo "a pacientes crónicos como hipertensos o diabéticos, que no estén en situación de invalidez por enfermedad, o a las personas mayores de 60 años". 

Pero aún hay más. La convocatoria fue promovida de manera urgente, con un procedimiento de solicitudes canalizado por correo electrónico en un plazo de 24 horas, sin incluir siquiera currículum, lo que podría vulnerar los principios de publicidad, mérito y capacidad que exige la legislación estatal recogida en el Estatuto del Empleado Público. 

Para la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas no hay duda: "Esta convocatoria, junto a otras similares que se están produciendo, quizás tratan realmente de formalizar una 'administración paralela' con mecanismos de selección presuntamente fraudulentos y, entre otros objetivos, subyace el deseo de sortear los mecanismos de control e informes previos necesarios de impacto medioambiental o de impacto a la salud que la legislación exige, sobre todo en proyectos urbanísticos, algunos de gran relevancia y que actualmente están en espera de 'acelerar' los trámites".

El PSOE avisa

Tras la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de incoar diligencias de investigación penal, el PSOE de Andalucía ha avisado de que tanto Bendodo como Juanma Moreno Bonilla "tendrán que responder" ante el Ministerio Público por estos "contratos exprés".

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha mostrado su "preocupación" por esta decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de incoar diligencias de investigación penal, señalando que los hechos denunciados por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) implican "la contratación urgente de 159 funcionarios interinos sin respetar los criterios de publicidad, mérito y capacidad, incluyendo aspectos discriminatorios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, contra enfermos crónicos en situación de actividad laboral o contra los mayores de 60 años", toda vez que el Gobierno andaluz señala de su lado las recomendaciones sanitarias respecto a colectivos de riesgo y trabajos presenciales.

Sánchez Haro ha recordado que "el PSOE de Andalucía llevó a los juzgados, a lo Contencioso-Administrativo, 32 procesos de contratación exprés de la Junta para cubrir 3.487 plazas públicas, denuncia que se amplió con una nueva convocatoria dudosa para 278 puestos, de nuevo en 24 horas y sin transparencia ni garantía alguna de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades en el acceso a un empleo público".

La Junta se defiende

Por su parte, la Junta ha defendido que la convocatoria de interinos se rige por un decreto aprobado por el Parlamento y aval sindical. La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ha defendido además que dicha decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía supone un "procedimiento ordinario que implicará la solicitud de información a la Administración autonómica".