La pregunta principal que todavía sigue pendiente de respuesta es: ¿pudo haberse evitado? ¿Se hizo todo lo posible para que no ocurriera el mortal accidente que el pasado domingo en el hospital sevillano de Valme le costó la vida a la joven de 25 años Rocío Cortés cuando era trasladada en un ascensor tras dar a luz? ¿La dirección del hospital cumplió escrupulosamente los protocolos administrativos de revisión y mantenimiento de los elevadores? ¿Se atendieron convenientemente las denuncias sobre los fallos en los ascensores? ¿Hubo alguien que no hizo bien su trabajo de revisión y puesta a punto de los ascensores del hospital o acaso los técnicos hicieron lo que tenían que hacer pero era imposible en una revisión periódica detectar una avería que, según profesionales del sector, es extremadamente inusual?

Más preguntas

Las preguntas no acaban ahí: ¿es proporcionado exigir la dimisión de la anterior responsable del hospital y hoy directora general de la Consejería de Salud, María Dolores Alguacil? Si, según la consejería, los ascensores se mejoraron en 2016 con una inversión de casi 60.000 euros y si las revisiones encomendadas a una empresa especializada se llevan a cabo puntualmente, ¿cabe culpar a los políticos o a la gerencia del hospital de la terrible desgracia? ¿Está justificado establecer una relación causa-efecto entre el fallo mortal del ascensor y los recortes sanitarios, como ha afirmado el desconsolado padre de Rocío?

El modo en que murió Rocío fue terrible. Tras la cesárea que le fue practicada para dar a luz a su tercera hija, la joven de 25 años era trasladada en camilla pero al introducirla en el ascensor, éste no funcionaba. Al sacar el celador la camilla para dirigirse a otro ascensor, el elevador averiado comenzó a subir aunque tenía las puertas abiertas y la cabeza de la joven chocó mortalmente contra el dintel.

Auditar todos los ascensores

La oposición de PP y Podemos, el sindicato USO, celadores del hospital y la Marea Blanca piensan que hay responsabilidades políticas claras y reclaman dimisiones y cambios legislativos. En cambio, para el líder de Ciudadanos y socio parlamentario del PSOE, Juan Marín, “todo apunta a una cuestión puramente técnica".

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha solicitado comparecer en el Parlamento para dar explicaciones tras exigírselo la oposición.

El PP pide el cese de la dirección del hospital Virgen de Valme y anuncia una Proposición No de Ley (PNL) para que se haga una auditoría técnica de todos los ascensores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de todos los contratos de mantenimiento.

Protesta de la Marea Blanca

La Marea Blanca vinculó el accidente con los “recortes y privatizaciones” y exigió "responsabilidades políticas" en una concentración de protesta el pasado jueves en la que participaron familiares de Rocío, celadores, sindicalistas de USO, los dirigentes de Podemos Nacho Molina y Diego Cañamero y representantes de Marea Blanca, entre ellos el médico y exalcalde de IU Sebastián Martín Recio.

Podemos también exige dimisiones y relaciona el accidente de Valme con el hecho de que Andalucía no haya “reformado la instrucción técnica de elevación, de carácter estatal, que permitió en su momento bajar la ratio de técnicos por ascensores, frente a los 75 ascensores por técnico que exigía la ley anterior a esa reforma, llegándose ahora a 200 ascensores en algunos casos".

Denuncias de USO

El sindicato USO reveló que había presentado distintas quejas y denuncias por el deficiente funcionamiento de los ascensores, pero la Junta replica que esas quejas fueron atendidas y que el hospital se gastó casi 60.000 euros en subsanar los fallos detectados.

Según el sindicato minoritario, tras sus denuncias simplemente "hubo pequeños arreglos", de forma que "se cambió el sistema eléctrico de los ascensores, pero tienen 30 años de antigüedad y tocaba un cambio de cabina y del sistema de cierre de puertas".

Lo cierto, sin embargo, es que después de las denuncias iniciales y los “pequeños arreglos” consiguientes, no hubo nuevas denuncias de sindicalistas ni celadores. Así lo aseguraba esta semana en una nota oficial de la Consejería de Salud, que recalcaba que las denuncias de USO dirigidas a la dirección del centro "tienen fecha anterior a la finalización de las obras de mejora realizadas entre agosto y octubre de 2016", donde se efectuaron actuaciones de mejora en los tres ascensores centrales "que supusieron una inversión de 58.873 euros".

¿Qué falló en el ascensor?

Pero si todo se hizo como debía hacerse y si se subsanaron las deficiencias, ¿por qué falló el ascensor? Eso es lo que intenta determinar la investigación judicial abierta por la muerte de Rocío y residenciada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla.

Los técnicos consultados por distintos medios aseguran que el fallo del elevador que le costó la vida a Rocío es muy poco común. Según el jefe del departamento de Industria y Energía de la compañía Incosa, autorizada por el Ministerio de Industria para realizar las inspecciones de los ascensores, en el caso de Valme habría habido al menos tres averías simultáneas:  falló el sistema de detección de obstáculos que impide que las puertas se cierren; falló el sistema que bloquea automáticamente el elevador cuando existen tales obstáculos; y falló la cadena de seguridad que en último término impide que el aparato funcione si no está todo en orden.

¿Una revisión habitual puede detectar esos fallos? Es muy improbable, opina el director general de la Federación Empresarial Española de Ascensores, Francisco González, para quien "teniendo en cuenta la seguridad que hoy en día tienen los ascensores, lo ocurrido es muy extraño”.

El PP ve muchas sombras

La portavoz parlamentaria del PP, Carmen Crespo, no opina lo mismo. Ve “oscurantismo y múltiples sombras” en la actitud de la Junta e incluso recuerda “el accidente que sufrió [en julio de 2013] un albañil en ese mismo ascensor, que le ha dejado secuelas permanentes".

Aunque la información publicada por ABC de Sevilla sí lo consignaba con detalle, a Crespo se le ‘olvidó’ decir que tanto la justicia civil como la penal que tramitaron las denuncias del usuario accidentado absolvieron al hospital y a la empresa Schinder, encargada entonces del mantenimiento. El denunciante fue condenado a pagar las costas judiciales.

La versión de Salud

El comunicado de la Consejería de Salud detallaba así las obras realizadas en los ascensores tras las denuncias: "modernización interior, mandos y señalizaciones, sistemas de detección de presencias, sistemas de precisión en la nivelación de paradas y sistema de control de tráfico de ascensores".

Sobre las dos posibles denuncias a la Inspección de Trabajo realizadas por el sindicato USO, la dirección del hospital piensa que "quedarían archivadas como reconoce la propia organización sindical, puesto que no tenemos constancia de ellas".

Las últimas revisiones

La dirección del hospital tiene, según la normativa sobre ascensores, “la obligación de suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa conservadora de ascensores autorizada y la obligación de realizar una revisión cada dos años por un organismo de control autorizado (OCA)".

En el caso del ascensor accidentado la última vez que se hizo la revisión por parte de la OCA fue en mayo de 2017, "siendo el resultado de ésta favorable y sin defectos". A ello hay que añadir –precisaba la nota oficial- que se realizan revisiones preventivas por parte de la empresa de mantenimiento, cuya última revisión data del 12 de agosto de 2017".