En plena vorágine electoral, la batalla política de las vacunas contra la gripe se encona. El consejero de Salud anuncia que llevará a los tribunales el caso de los casi dos millones de dosis “desaparecidas” desde 2012 y los socialistas contraatacan exigiéndole que explique cómo es posible que también a él mismo se le “perdieran 137.791 vacunas” de la campaña 2018-2019, según los propios datos difundidos por su departamento.

Después de una primera réplica en la que, sin mayores precisiones, acusaba de mentir al portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, el portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, afinaba ayer su acusación acompañándola de datos estadísticos y argumentos sanitarios que, como mínimo, parecen poner en entredicho la consistencia de la aparatosa pero poco documentada denuncia gubernamental.

Camino de la Fiscalía

Como se sabe, el pasado martes el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, denunciaba el nuevo "escándalo" descubierto por el titular de Salud, Jesús Aguirre: entre 2012 y 2019 “desaparecieron” 1,82 millones de vacunas que nunca fueron administradas, sin que se sepa adónde fueron a parar; además, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) habría engordado la estadística autonómica de vacunación en los datos remitidos al Ministerio de Sanidad.

A 24 horas del inicio de la campaña electoral, el consejero Aguirre anunciaba ayer que presentará de inmediato una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el "falseamiento" de los datos y la “desaparición” de esos casi dos millones de dosis, resultado de comparar el dato de las vacunas compradas y enviadas por el SAS a sus propios centros y otras instituciones con el dato de las vacunas devueltas a la Junta por dichos destinatarios.

La última campaña

En el propio cuadro elaborado por el Gobierno andaluz y facilitado el martes a la prensa figura también el balance de la campaña de vacunación 2018-2019, iniciada durante el último mandato socialista pero de cuyo balance y gestión final era ya responsable el nuevo Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos.

Según esos datos de la Subdirección General de Farmacia y Prestaciones, en la última campaña fueron devueltas 137.791 dosis que para el portavoz socialista José Fiscal serían “la prueba del montaje” conservador.

Así desarrollaba Fiscal su argumentación: en “el panfleto que ha sacado la Consejería de Familias, la Subdirección General de Farmacia habla de que, en la campaña 2018-2019, se distribuyeron 1.301.028 dosis, se vacunaron 1.053.716 personas y se devolvieron 109.521 vacunas: por tanto, ¿dónde están las 137.791 dosis de vacunas que no aparecen en el sistema Diraya y que no se han trasladado al Gobierno central".

Un informe comprometedor

En defensa de la gestión sanitaria de sus compañeros de partido, el portavoz socialista citó también varios párrafos del informe de la Subdirección General de Farmacia, donde se explica que las dosis se distribuyen a los 1.600 puntos autorizados de vacunación del SAS, "garantizando en todo momento las condiciones que estipula el decreto ley de adquisición, almacenamiento, transporte y dispensación de estos medicamentos", de donde Fiscal deduce que "la Subdirección dice que hay garantías de que la vacunación se hace de manera correcta".

Según Fiscal, el informe de Farmacia hace constar que “existe una diferencia entre las vacunas distribuidas, administradas y devueltas, hecho que se explica por un infra registro en el módulo de administración y un posible suministro a centros que en un principio no disponían de este aplicativo [Diraya], como pueden ser cuarteles de fuerzas de seguridad, personal sanitario, trabajadores de residencias o ayuntamientos".

Una voz del pasado

Las explicaciones de Fiscal coincidían con las trasladadas ayer a Diario de Sevilla por el anterior subdirector de Farmacia del SAS, Antonio Peinado, que estuvo en el cargo hasta el pasado 1 de abril en que se jubiló.

Según la información firmada por Juan M. Marqués Perales en el rotativo sevillano, la diferencia de 1,82 millones entre las vacunas compradas por la Junta y las registradas en la plataforma Diraya sale de las que la Junta envía a centros e instituciones con servicio sanitario propio pero ajenos al SAS.

Los receptores de vacunas externos al SAS son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con dependencia nacional, autonómica o local, bomberos, servicios de protección civil, servicios de emergencias sanitarias, residencias geriátricas, instituciones penitenciarias, centros de acogida de inmigrantes o incluso personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas y otras explotaciones ganaderas.

El envío de vacunas a todos estos centros y colectivos, así como el número de ellas que son devueltas, sí están registrados en la administración sanitaria autonómica, pero el sistema Diraya no recoge las dosis efectivamente suministradas por tales organismos. En su comparecencia del martes, el consejero no mencionó que la Junta hubiera contactado con dichas instituciones para contrastar su acusación.

Sumar, restar, dividir

Según la versión de los anteriores gestores sanitarios, esas dosis supuestamente desaparecidas serían las enviadas a centros ajenos al SAS cuyas vacunaciones no están registradas en el sistema Diraya, pero que con toda probabilidad debieron administrarse en su mayoría.

A su vez, esta circunstancia quizá explicaría por qué el SAS “inflaba entre un 9 y un 15 por ciento” la estadística enviada al Ministerio: ¿porque 'sumaba' las vacunas que administraban sus propios centros y las que presumiblemente administraban las demás instituciones que cada año solicitaban el envío de dosis?

En su comparecencia del martes, el consejero Bendodo dijo que "en la última década se han perdido 1,8 millones de dosis de vacunas de la gripe en Andalucía, casi dos millones por tanto de 'dosis fantasma' que se encuentran en paradero desconocido".

Además, dijo, los anteriores Ejecutivos autonómicos “inflaron los datos remitidos al Ministerio sobre la tasa de vacunación de la gripe a mayores de 65 años entre 2012 y 2018, además de inflar también la tasa de vacunación de embarazadas y personal sanitario".

Las cuentas del portavoz

Estas eran las cuentas que hacía el portavoz: "Tenemos tres datos fundamentales que deberían encajar y no lo hacen, como son las vacunaciones efectivamente administradas y que aparecen en el registro de Diraya, las vacunas distribuidas y las vacunas devueltas; sin embargo, las cifras no encajan, porque en 2012 hay más de 170.000 dosis fantasma o perdidas; y en 2014, por poner otro ejemplo, son más de 185.000".

El consejero también insinuó que alguien pudo traficar con las vacunas fantasma. Estas fueron sus palabras: “Teniendo en cuenta un coste unitario mínimo de 3,5 euros la dosis de vacuna de la gripe, el impacto económico del fraude podría superar los seis millones de euros. Si tomamos como referencia –añadió– el precio al que las dosis se venden en el mercado libre (entre 8 y 14 euros por dosis), entonces aparece una cifra que escala hasta superar los 27 millones de euros”.