En relación con lo primero, entiendo que ese tipo de acciones se pueden conectar con la tradición que en la historia del movimiento campesino andaluz tiene una idea como la del reparto, perteneciente sobre todo a la tradición anarquista. Un testigo de aquellos conflictos de comienzos del siglo XX, el notario de Bujalance Juan Díaz del Moral, lo explicaba así: “¿No se trataba de conseguir la felicidad de todos y que todos fueran iguales? ¿No era la posesión de la tierra el medio de que disponían los burgueses para disfrutar y ser dichosos? Pues, evidentemente, los trabajadores también lo serían cuando dispusieran de su suerte de tierra como disponían de su azada. ¡La cantidad de tierra monopolizada era enorme! ¡Había para todos, hasta para los burgueses! Esta creencia en el reparto se hizo general en las masas”. Señalaba asimismo este autor, en su conocida obra publicada en 1929, que cuando el Instituto de Reformas Sociales realizó un informe sobre la situación en la provincia de Córdoba en 1919, en las repuestas que recogió de las sociedades obreras, casi todas realizaban peticiones que tenían que ver con la aspiración del acceso a la propiedad, o al menos a un arrendamiento con rentas bajas. Así se configuró el reparto como mito, que resurgió en diferentes momentos, si bien no significó nunca una verdadera solución a los problemas socioeconómicos de regiones como Andalucía.
La cuestión de orden político habría que plantearla desde un punto de partida: ¿cuál es el objetivo de dichas acciones? Porque si se trata de una mera cuestión de propaganda el planteamiento es muy pobre, y si la cuestión era llamar la atención del conjunto de la sociedad acerca de los problemas generados por la crisis, entiendo que basta con leer, ver o escuchar los medios de comunicación a diario para tener conciencia de la coyuntura por la que atravesamos. Porque tengamos en cuenta que se trata de acciones que han contado con el respaldo de un diputado autonómico y con el de una organización sindical, es decir, se trata de decisiones políticas. Y en este punto radica, a mi entender, una parte de su debilidad, puesto que no se puede jugar con barajas diferentes según nos interese. Sánchez Gordillo concurre a las elecciones, exige garantías en el ejercicio de su derecho como candidato y con seguridad no entendería que nadie se saltara las normas electorales y se produjeran actuaciones caciquiles contra él o contra su formación política como las que se desarrollaban en la España de la Restauración. Esto quiere decir que en todas las circunstancias hemos de plegarnos a las normas del Estado de Derecho, tanto cuando se plantean como una reivindicación como cuando nos vemos obligados a respetarlas.
En conclusión, ya no tiene vigencia la idea histórica del reparto, desfasada en estos inicios del siglo XXI, y sin duda es un error político de cara a lo que representa la participación en las instituciones y el respeto debido a la legislación vigente en cada momento. Por decirlo con un lenguaje de la tradición de la izquierda, las actuaciones de los últimos días en Andalucía, dirigidas por el alcalde de Marinaleda, son un error desde el punto de vista de la táctica y del de la estrategia.
