Este viernes 28 de febrero, Andalucía celebra su Día, una fecha cargada de simbolismo en la que la comunidad conmemora su acceso a la autonomía tras el referéndum de 1980. Más de cuatro décadas después de aquel hito, la región sigue enfrentándose a desafíos políticos, económicos y sociales que condicionan la vida de sus habitantes. En este contexto, es inevitable hacer balance de la gestión del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien desde su llegada al poder en 2019 ha liderado la comunidad en un periodo marcado por enormes retos: desde la crisis sanitaria de la COVID-19 hasta los debates sobre la privatización de la sanidad pública, pasando por las tensiones políticas con Vox, las dificultades para reducir las listas de espera en hospitales o la reciente controversia sobre la condonación de la deuda autonómica.
Con su imagen de moderado dentro del Partido Popular, Moreno Bonilla ha conseguido mantenerse en el cargo durante dos legislaturas y consolidar su liderazgo con una mayoría absoluta en 2022. Sin embargo, su mandato ha estado lejos de ser un camino fácil. La pandemia puso a prueba su capacidad de reacción ante una emergencia sin precedentes, y en los años posteriores han crecido las críticas por su estrategia de externalización de servicios sanitarios y el deterioro de la Atención Primaria. Al mismo tiempo, ha tenido que gestionar la relación con la extrema derecha, que ha condicionado parte de su agenda, y enfrentarse a una oposición que denuncia el rumbo de sus políticas. Ahora, con el debate sobre la financiación autonómica en el centro de la discusión y la presión por mejorar los servicios públicos, su gestión sigue generando opiniones encontradas entre la ciudadanía.
La pandemia y la crisis sanitaria de Andalucía
La pandemia de COVID-19 supuso un reto sin precedentes para la administración andaluza. En un contexto de incertidumbre global, el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla implementó diversas medidas para contener la propagación del virus y reforzar el sistema sanitario. Se llevaron a cabo restricciones de movilidad, confinamientos parciales y la reorganización de los hospitales para atender el aumento de pacientes críticos. Además, se habilitaron espacios adicionales en centros hospitalarios y se impulsaron contrataciones de emergencia para paliar la falta de personal.
Sin embargo, la gestión sanitaria del ejecutivo andaluz no estuvo exenta de críticas. Uno de los aspectos más controvertidos fue la contratación de servicios sanitarios a empresas privadas sin los procedimientos habituales de transparencia y concurrencia. Un informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS) reveló que, en 2021, se adjudicaron cerca de 300 millones de euros en contratos a hospitales y clínicas privadas sin un proceso de licitación pública que garantizara la mejor oferta en términos de calidad y coste. Esta práctica generó un aluvión de críticas por parte de la oposición y sindicatos sanitarios, que denunciaron un presunto favorecimiento a determinados grupos empresariales en detrimento del fortalecimiento del sistema público de salud.
Además, la pandemia dejó en evidencia las deficiencias estructurales del sistema sanitario andaluz, con hospitales colapsados, falta de material de protección en los primeros meses de la crisis y una Atención Primaria desbordada. A pesar de los esfuerzos por reforzar el sistema, en los años posteriores se ha señalado un incremento en las listas de espera y una progresiva derivación de pacientes al sector privado, lo que ha alimentado la percepción de que la Junta de Andalucía ha aprovechado la coyuntura para impulsar un modelo de sanidad mixta en el que los recursos públicos se destinan en parte a la concertación con empresas privadas.
Políticas de privatización y listas de espera
Y es que, precisamente la externalización de servicios sanitarios ha sido una constante en la administración de Moreno Bonilla, con un incremento notable en la concertación con la sanidad privada. Desde su llegada al gobierno, el presidente andaluz ha defendido que este modelo es necesario para reducir la saturación del sistema público y garantizar una atención más rápida a los pacientes. Sin embargo, sus detractores argumentan que esta estrategia supone un debilitamiento progresivo de la sanidad pública, derivando recursos que podrían invertirse en mejorar infraestructuras, aumentar plantillas y reforzar la capacidad de los hospitales públicos.
Recientemente, la Junta de Andalucía decidió prorrogar por seis meses los contratos directos con hospitales privados para procedimientos quirúrgicos en Almería y Sevilla, a pesar de que estos contratos están bajo investigación judicial por presuntas irregularidades en su adjudicación. Esta medida ha generado un gran debate, ya que, aunque pretende reducir las listas de espera, implica un desembolso millonario que ha sido cuestionado por organizaciones sanitarias y partidos de la oposición. Según datos del propio gobierno andaluz, las listas de espera quirúrgicas han crecido de manera significativa en los últimos años, afectando especialmente a especialidades como traumatología, oftalmología y cirugía general.
Uno de los aspectos más polémicos ha sido la falta de procesos competitivos en la asignación de estos contratos. Se ha denunciado que los acuerdos con hospitales privados han sido realizados sin la suficiente transparencia, generando dudas sobre la idoneidad de las empresas seleccionadas y el coste de los procedimientos en comparación con los que podrían realizarse en el sistema público con la inversión adecuada. Además, sindicatos y colectivos sanitarios han alertado sobre el riesgo de que esta tendencia a la privatización conduzca a un modelo en el que los pacientes con mayor capacidad económica puedan acceder a una atención más rápida en centros concertados, mientras que el resto de la población sigue sufriendo las demoras del sistema público.
Asimismo, en las últimas semanas, ha emergido una nueva polémica relacionada con la propuesta del Gobierno central de condonar parte de la deuda autonómica. Aunque esta medida beneficiaría a Andalucía con una reducción significativa de su deuda, el ejecutivo de Moreno Bonilla ha mostrado reticencias, argumentando que podría tratarse de un "traje a medida" para Cataluña y cuestionando la equidad de la propuesta. Esta postura ha sido criticada por diversos sectores, que consideran que rechazar la condonación podría perjudicar a la comunidad andaluza.
Por todo ello, aprovechando la celebración del Día de Andalucía, queremos conocer tu opinión. ¿Consideras que Juan Manuel Moreno Bonilla está haciendo una buena gestión al frente de la Junta? ¿Crees que su gobierno ha mejorado la situación de la comunidad o que, por el contrario, ha dejado problemas sin resolver? Te invitamos a participar en nuestra encuesta y a compartir tu punto de vista sobre su mandato.