El compromiso del Partido Socialista de no llevar imputados en sus listas electorales iba en serio. Al menos de momento y al menos para las autonómicas del 22-M. La palabra maldita se llama imputación, sea cual sea el motivo de la misma. En el caso del candidato socialista malagueño Javier Carnero no parece que se trate de una investigación judicial singularmente alarmante: de hecho, tras declarar en el juzgado el titular del mismo no tomó ninguna medida cautelar contra él. El hasta ahora número cinco de la candidatura del PSOE por Málaga al Parlamento andaluz, Javier Carnero, ha trasladado a la Dirección provincial su renuncia a ir en la lista, decisión que toma después de acudir este miércoles a declarar en calidad de imputado por una denuncia relacionada con una actuación en su etapa de alcalde de Benalmádena (Málaga). Los socialistas obtuvieron siete diputados en 2012 en la circunscripción de Málaga. El Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos (Málaga) ha tomado declaración este miércoles a Carnero "en calidad de imputado por un delito contra la Administración Pública" y "no ha adoptado ningún tipo de medida cautelar contra el imputado", según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Carnero estaba citado en relación con una denuncia por el supuesto pago por parte del Puerto Deportivo de un patrocinio y subvención a dos clubes locales deportivos por valor de 140.000 euros, que supuestamente habrían sido ordenadas por él, entonces alcalde, sin tener facultades para ello. Se trataría en sentido estricto, pues, de lo que la doctrina del Partido Popular viene denominando como falta, irregularidad o delito administrativo para así no tener que expulsar de sus listas a candidatos municipales que están incursos en procesos judiciales, en algunos casos de más envergadura política que el de Carnero. RESPONSABILIDAD, COHERENCIA y ALGO MÁS Tras esto, Carnero "ha decidido por responsabilidad y coherencia apartarse de la candidatura para defender su inocencia sin dañar la imagen del partido", según han informado desde el PSOE, a través de un comunicado. No obstante, más allá de lo que se proclame en los discursos públicos, la decisión de 'apartarse' no ha sido personal de Carnero, aunque este no haya opuesto resistencia alguna a la renuncia, al menos públicamente. El PSOE andaluz y Susana Díaz saben bien cuánto se juegan en el comprometido campo de batalla de la lucha contra la corrupción; no pueden permitirse el lujo de incumplir su solemne promesa de no llevar imputados para el 22-M, sobre todo después del ruidoso debate a propósito de si los expresidentes Chaves y Griñán deben entregar sus actas de diputados tras haber sido citados a declarar como imputados por el juez del Tribunal Supremo que instruye una parte de la causa de los ERE. En Málaga, según marca la ley electoral, corre la lista y el puesto de Carnero pasa a ocuparlo el número siete de la candidatura, Francisco Vargas, según han precisado los socialistas a Europa Press. De esta forma, la lista queda formada ahora por Luciano Alonso, Beatriz Rubiño, José Sánchez Maldonado, Marisa Bustinduy, Francisco José Vargas, María Nieves Ramírez Moreno, Diego Pérez, Gema Ruiz, Adrián Sánchez Acevedo, Silvia Cabrera, José Carlos Orozco, Gema González Perdiguero, Francisco Jesús Capote, Remedios Serrano, Francisco Félix Moreno, Isabel María Jiménez, y Eduardo González. LA DENUNCIA La denuncia fue presentada en julio de 2014 por la entidad Puerto Deportivo de Benalmádena, en concreto, por el que era entonces consejero delegado, Francisco Salido (UCB), que dejó de serlo en noviembre después de que se les retiraran todas sus competencias municipales. En dicho escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se señalaba que se realizaron esas transferencias "por orden directa" de Carnero, apuntando que "carecía de facultades a tal fin y sin que hubiese un acuerdo del consejo de administración de la entidad, ni tan siquiera una simple dación de cuenta, ni hay soporte documental alguno a la disposición de fondos".