Lo más probable es que no haya condena penal, pero sí es seguro que hay pena banquillo. La están pagando hoy el alcalde de Cádiz José María González ‘Kichi’ (Podemos), su jefe de gabinete José Vicente Barcia y al ex concejal Manuel González Bauza, al sentarse en el banquillo para enfrentarse a una pena de hasta 24 meses de multa, la publicación de la sentencia a su costa y una indemnización solidaria en concepto de responsabilidad civil de 30.000 euros.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz decidió archivar provisionalmente la causa hace más de un año, pero tras un recurso presentado por el PP, la Audiencia Provincial de Cádiz exigió su reapertura al considerar que el cierre de la instrucción fue "más que prematuro" al no realizarse las diligencias oportunas. El juzgado se vio obligado entonces a abrir juicio oral.
La Fiscalía no acusa
La improbabilidad de la condena se deriva de que en el proceso solo acusa el Partido Popular, ya que la Fiscalía nunca vio motivo para sentar en el banquillo a los tres políticos. Así lo entendió también en su día la titular del Juzgado de Instrucción 3, aunque la astucia judicial del PP consiguió la reapertura.
La Audiencia de Cádiz revocó el auto inicial de archivo, dictando un segundo auto inusualmente duro en el que consideraba que las declaraciones de ‘Kichi’ y sus dos compañeros contra el anterior equipo directivo de Aguas de Cádiz sobrepasaron las líneas rojas de la crítica política para convertirse en materia del Código Penal.
El delito
Los tres están acusados de un delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad, por las afirmaciones vertidas en una asamblea vecinal, celebrada en marzo de 2016, en las que acusaron al anterior equipo de gobierno de haber suministrado a los vecinos "agua contaminada a sabiendas".
En la exposición de motivos, el auto de reapertura del caso que abría la puerta del juicio oral esgrimía, entre otros, este argumento, que de hacerse extensivo a otras instancias judiciales abarrotaría de dirigentes políticos los banquillos de media España: "El ejercicio de la libertad de expresión y opinión no ampara ni justifica sin más el empleo de frases en las que se atribuye la comisión de delitos dolosos que claramente atentan contra la honorabilidad de aquellos cuyo comportamiento no es que se critique, es que se tacha de delictivo y no como hemos visto de forma genérica y vaga".
La opinión publicada
En cambio, la instructora que archivó inicialmente el contencioso entendía, y así opinaba también la Fiscalía, que no era posible precisar con exactitud cuál fue “exactamente el contenido de las palabras del alcalde y tampoco se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones" que recogieron dichas palabras.
A ello replicaría la Audiencia de Cádiz que fueron varios los medios que recogieron la expresión “dar agua contaminada a sabiendas”, por lo cual había que seguir investigando. Ninguno de los tres encausados aceptaron la conciliación que propuso el PP y que exigía la rectificación y la disculpa públicas.
13.000 afectados
Antes de entrar al juicio, el alcalde ha dicho a los periodistas que le satisfacía que por fin “se hable de lo que pasó en un barrio durante dos semanas, que afectó a 13.000 personas y que salió en todos los medios de comunicación como una catástrofe tremenda que nos costó millones de euros a los gaditanos".
En febrero pasado, el alcalde ratificó ante la juez que, entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre de 2014, en el barrio de Loreto se distribuye agua no apta para el consumo, pese a que los informes de la Universidad de Cádiz aconsejaban poner en conocimiento de las autoridades sanitarias los índices de e.coli y de bacterias que formaban parte del agua que se estaba suministrando". También añadió que por su parte nunca "hubo una voluntad de difamar ni injuriar a nadie personalmente".
