El consejero de Educación andaluz, Javier Imbroda, tiene razón al afirmar que el fracaso escolar es un problema de primer orden y la tiene también al esforzarse en buscar fórmulas para paliarlo. Dejaba de tenerla, en cambio, cuando, dejándose llevar por la dinámica propagandística, anunciaba imprudentemente un plan contra el fracaso escolar que entraría en vigor en apenas dos meses, estaría dotado con 12 millones de euros y del que se beneficiarían 100.000 alumnos.

Un anuncio del plan inspirado en el realismo y no en el efectismo habría prescindido de las grandes cifras, para limitarse a ofertar un programa de refuerzo y garantizar su dotación económica, que se cuantificaría en función de la demanda de plazas.

Deprisa, deprisa

El hecho de que esa demanda apenas haya superado las 3.600 solicitudes ha dejado al bienintencionado consejero en una enojosa posición que habría evitado si hubiera ido algo más despacio administrativamente y hubiera sido menos codicioso políticamente, aunque a costa, eso sí, de perder los titulares de prensa que sí acaparó con su anuncio. 

El plan se debatió ayer en el Parlamento andaluz y, como cabía esperar, Imbroda no salió bien parado. Toda la oposición se lanzó en tromba contra él y le reprochó la unilateralidad de la medida, que a la postre ha hecho embarrancar lo que inicialmente parecía una buena idea.

Imbroda recordó en el debate que la “intolerable” tasa de abandono escolar es del 22 por ciento, lo que se traduce en 240.000 niños de Educación Primaria que requieren un refuerzo educativo, de manera que la oferta de 100.000 plazas parecía razonable. Habrá que aclarar por qué, entonces, ha sido tan escasa demanda de los padres, a quienes el consejero retó , con poco tacto, a decidir si preferían que sus hijos se pasaran el mes de julio jugando a los videojuegos o estudiando y haciendo deporte.

"Siéntese con los que saben"

Los datos ofrecidos por el consejero son desalentadores: 3.657 niños inscritos en 234 centros y 1.674 profesores apuntados que cobrarían a 30 euros la hora. El coste es de 120 euros por alumnos y quince, aunque las familias solo pagarán 15.

La oposición de PSOE y Adelante Andalucía cargó con saña contra Imbroda. Ocurrencia, fracaso, ridículo, equivocación, vergüenza… fueron algunos de los gruesos términos que tuvo que escuchar el consejero. “Haga balance, siéntese con los que saben y elabore un plan participado y sostenido en el tiempo”, le dijo el portavoz de Adelante José Ignacio García.

Pese a las evidencias numéricas en contra, la voluntariosa diputada de Ciudadanos María del Mar Sánchez llegó a referirse al plan como “uno de los mayores éxitos” del Gobierno andaluz, al que únicamente le habría faltado algo más de tiempo para ser promocionado como merecía.