Las declaraciones voluntarias de cinco aforados en el Tribunal Supremo -entre ellas la de Chaves y Griñán- tienen mucha más trascendencia que la derivada de la propia instrucción. Podría decirse que importantes acontecimientos políticos como las complejas negociaciones para la constitución del Gobierno andaluz o la línea de la inminente campaña electoral de los socialistas, y también las del PP, dependen en buena parte de lo que decida el magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, tras tomar declaración a los cinco aforados del caso EREs.

De la absolución al suplicatorio y el riesgo de la prescripción de delitos
Evidentemente un archivo de la causa daría la razón a los socialistas en que el caso de corrupción fue algo singular y que afectaría "a cuatro golfos que se aprovecharon". Lo contrario, proseguir la investigación y pedir los suplicatorios pertinentes al Congreso y al Senado, daría munición a la oposición hasta que hubiera una resolución definitiva. De paso alargaría aun más un proceso, de por sí muy dilatado en el tiempo, y que la propia Fiscalía andaluza ya se ha encargado de avisar a la juez Alaya de los riesgos de que la macrocausa, de no dividirse, acabe en prescripciones de delitos y en la imposibilidad de recuperar el dinero supuestamente sustraído.

Manuel Chaves sale tras declarar en el Supremo. EFE



Una importante baza política, para el PSOE o el PP, según la decisión del Supremo
La situación podría comenzar esta semana su recorrido final al menos en lo que respecta a sus consecuencias políticas. El juez del caso ERE en el Supremo tomará declaración el martes a la senadora socialista Mar Moreno, exconsejera de la Junta de Andalucía, y culminará así los interrogatorios a cinco aforados este mes de abril, lo que le acerca al momento de decidir a quién va a encausar. Los socialistas buscan como el agua el sediento que hay una determinación clara y absolutoria. El PP desearía que el proceso continuase. Para Susana Díaz se podría abrir una puerta, al menos en la tesis jurídica, hacia su investidura si hubiese un carpetazo. Para los populares de Moreno Bonilla, los suplicatorios y todo el proceso que se abre, significaría seguir teniendo una baza contra el PSOE y de paso, mantener una cortina de humo en sus problemas tras el fracaso electoral en Andalucía.

Las declaraciones de los aforados han sido voluntarias
Un aspecto sobre el que es importante incidir es que las declaraciones de los aforados, entre ellas la de los expresidentes Chaves y Griñán, han sido realizadas por decisión propia, voluntariamente. Una reciente reforma de legislativa permite las comparecencias voluntarias como imputados de parlamentarios (y por tanto aforados) ante el Supremo para que el alto tribunal tenga elementos de juicio suficientes antes de dar un paso decisivo para sus carreras políticas: pedir el suplicatorio.

Ese momento está a punto de llegar para los exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera; y para los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Archivar la causa o no
¿De qué puede depender si la decisión del magistrado es archivar la causa respecto a ellos o no? Pues en el tiempo, de la cercanía de la hora de constituir gobierno en Andalucía, dado que las responsabilidades políticas que podrían deducirse de su decisión afectan a un asunto tan capital para dicha comunidad autónoma.

Algunas indagaciones puntuales más
Así, aunque al magistrado aún le quedarán determinadas indagaciones antes de decidir si pide a la Sala de lo Penal del Supremo que tramite el suplicatorio contra alguno de los aforados, es previsible que las realice con celeridad para interferir lo menos posible en el proceso político.

Declaración del Interventor general de la Junta
En principio, ha sido solicitada la declaración en la causa del interventor de la Junta de Andalucía por la acción popular ejercida por la organización de abogados Manos Limpias. Manuel Gómez Martínez está imputado ante el Juzgado de Sevilla donde ha instruido el caso la juez Mercedes Alaya. La versión de quien fue interventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, es decir, en pleno desarrollo del supuesto fraude en los ERE, es totalmente contradictoria de la que dan Chaves y Griñán. Ambos han explicado a Barreiro que no constan en la causa informes de actuación, el tipo de informe que la ley prevé para alertar al máximo nivel de que una medida política no cumple con la ley.

Informes del Interventor
Lo que según los aforados hizo el interventor fueron informes de cumplimiento que no deben ser elevados al consejero y menos al presidente. Este tipo de informes de la intervención señalan irregularidades pero no lo bastante graves como para que lleguen al máximo nivel.



Orden de subsanamiento de Griñán
El expresidente Griñán ha señalado que el interventor de la Junta alertó de defectos concretos respecto a los ERE, defectos que se dio orden de subsanar. Añadió que las transferencias de financiación y la propia medida política de apoyo al empleo fueron correctas y que el fraude no obedeció a un plan sino a corrupción de personas individuales en la gestión de fondos financiados por él, como consejero de Economía.

No hubo un plan diseñado previamente
Esa será, por tanto, una de las claves respecto a los expresidentes, junto al hecho de si llega a demostrarse que lo que sucedió con los 140 millones de euros que aparentemente se desviaron en los ERE (sobre un total de más de 800 millones con los que se financió la medida) obedeció a un plan diseñado desde el máximo nivel, lo que de momento no ha sido probado. La postura de todos los declarantes ha sido negar tajantemente que existiera ese plan diseñado desde la Junta, tesis a la que se aferra la juez Alaya.

Gaspar Zarrías y Mar Moreno
En cuanto a Zarrías y Mar Moreno, ambos exconsejeros de Presidencia, la capacidad o no de la Comisión de Viceconsejeros para adoptar medidas políticas ejecutivas y, en concreto, relativas a los ERE, es significativa. Para cometer la prevaricación que se investiga es necesaria esa premisa (el delito consiste en tomar decisiones injustas a sabiendas, luego es necesaria la capacidad de tomarlas). Zarrías, en todo caso, también ha negado haber conocido informes alertando de ilegalidades respecto a los ERE.

Ex consejero de Empleo, José Antonio Viera
En cuanto a Viera, parece ser quien está en peor situación procesal. El pasado 7 de abril el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía negó haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas investigada en el caso de los ERE en Andalucía y atribuyó la responsabilidad a sus subordinados.