El alcalde de Granada, el popular José Torres Hurtado, está en el alambre desde incluso antes de ser reelegido. Hasta última hora se mantuvo la interrogante de si recibiría o no el apoyo de Ciudadanos. Finalmente, en un pacto extraño y poco creíble, el líder de Ciudadanos y concejal granadino Luis Salvador, le perdonó la vida a Torres Hurtado. Al menos de puertas para afuera el pacto PP-Ciudadanos contempla que Torres hurtado será regidor de Granada hasta la celebración en diciembre de las elecciones generales. Se supone que después dará paso a otro edil.
Investigan una operación urbanística en Granada y tendrá que declarar el alcalde
Ahora la situación se le complica al alcalde, al propio Partido Popular y a dos ediles de este partido tras conocerse que la Fiscalía ha ordenado a la Policía Nacional que investigue tanto a Torres Hurtado como a sus dos concejales. El asunto aparenta ser grave ya que los que se investiga es una operación urbanística en Granada por la que piden declarar al alcalde y ex delegado del Gobierno central en Andalucía.
Operación para supuestamente favorecer a un empresario
Y es que Fiscalía de Granada ha instado a la Policía que investigue supuestas irregularidades derivadas de una operación urbanística orquestada supuestamente para favorecer a un empresario. Como consecuencia de ella solicitan la toma de declaraciones al alcalde, José Torres Hurtado, a la edil de Urbanismo, Isabel Nieto y al de Economía, Francisco Ledesma. También tendrán que declarar ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada. Investigan una operación urbanística en Granada y piden declarar a Torres Hurtado
Denuncia de un empresario
Fiscalía abrió diligencias tras recibir una denuncia de un empresario granadino que calificaba como una "estafa inmobiliaria" lo sucedido. Dicho empresario, Ramón Arenas, indicaba que la operación había generado que una parcela de su propiedad fuera invadida por la construcción de un pabellón deportivo: La instalación deportiva fue adjudicada en el año 2007 por el procedimiento de concesión administrativa.
Asunto muy grave
Cree Fiscalía que los hechos que ahora se investigan podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias.
El PSOE pide responsabilidades
El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Baldomero Oliver, ha considerado de "extrema gravedad" esta investigación que afecta al alcalde, ediles y a la cúpula de Urbanismo, lo que merece "una explicación contundente" y responsabilidades políticas más allá de la investigación policial. "Lo que está claro es que en estos terrenos estaba previsto la disposición de zonas verdes y un aparcamiento de 200 plazas que no existe, motivo más que suficiente para asumir responsabilidades", ha señalado.
Se repite el mismo"modus operandi" urbanístico
El edil ha recordado que este asunto pone de manifiesto "un modus operandi" de la responsable de Urbanismo, Isabel Nieto, que "sospechosamente" se va reproduciendo en muchos de los desarrollos urbanísticos llevados a cabo por el PP.sponsabilidades. "Es sorprendente y preocupante que todos los proyectos urbanísticos de cierta envergadura iniciados por el Ayuntamiento de Granada con el PP a la cabeza acaben en los tribunales o investigados por los fiscales", ha sentenciado.
C's será implacable ante los casos de corrupción en Granada
Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos, que sin entrar en el equipo de gobierno favoreció la continuidad del PP en el Consistorio después de que los populares perdieran la mayoría absoluta, también ha señalado que pedirá explicaciones al Gobierno local por la orden de investigación de la Fiscalía. Al igual que ya lo estamos siendo en Andalucía, Ciudadanos será implacable ante los casos de corrupción política en Granada y pedirá la dimisión de cualquier cargo público afectado", ha dicho Luis Salvador, portavoz del grupo municipal.
Dimisiones
Salvador ha resaltado también la necesidad de no precipitar juicios de valor y de conocer "cuanto antes" todos los detalles de la investigación. El portavoz de C's Granada ha recordado que la dirección provincial del PP firmó el documento de regeneración democrática y anticorrupción que Ciudadanos defiende y que contempla la separación de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a los imputados por corrupción política.
Investigan una operación urbanística en Granada y tendrá que declarar el alcalde
Ahora la situación se le complica al alcalde, al propio Partido Popular y a dos ediles de este partido tras conocerse que la Fiscalía ha ordenado a la Policía Nacional que investigue tanto a Torres Hurtado como a sus dos concejales. El asunto aparenta ser grave ya que los que se investiga es una operación urbanística en Granada por la que piden declarar al alcalde y ex delegado del Gobierno central en Andalucía.
Operación para supuestamente favorecer a un empresario
Y es que Fiscalía de Granada ha instado a la Policía que investigue supuestas irregularidades derivadas de una operación urbanística orquestada supuestamente para favorecer a un empresario. Como consecuencia de ella solicitan la toma de declaraciones al alcalde, José Torres Hurtado, a la edil de Urbanismo, Isabel Nieto y al de Economía, Francisco Ledesma. También tendrán que declarar ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada. Investigan una operación urbanística en Granada y piden declarar a Torres Hurtado
Denuncia de un empresario
Fiscalía abrió diligencias tras recibir una denuncia de un empresario granadino que calificaba como una "estafa inmobiliaria" lo sucedido. Dicho empresario, Ramón Arenas, indicaba que la operación había generado que una parcela de su propiedad fuera invadida por la construcción de un pabellón deportivo: La instalación deportiva fue adjudicada en el año 2007 por el procedimiento de concesión administrativa.
Asunto muy grave
Cree Fiscalía que los hechos que ahora se investigan podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias.
El PSOE pide responsabilidades
El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Baldomero Oliver, ha considerado de "extrema gravedad" esta investigación que afecta al alcalde, ediles y a la cúpula de Urbanismo, lo que merece "una explicación contundente" y responsabilidades políticas más allá de la investigación policial. "Lo que está claro es que en estos terrenos estaba previsto la disposición de zonas verdes y un aparcamiento de 200 plazas que no existe, motivo más que suficiente para asumir responsabilidades", ha señalado.
Se repite el mismo"modus operandi" urbanístico
El edil ha recordado que este asunto pone de manifiesto "un modus operandi" de la responsable de Urbanismo, Isabel Nieto, que "sospechosamente" se va reproduciendo en muchos de los desarrollos urbanísticos llevados a cabo por el PP.sponsabilidades. "Es sorprendente y preocupante que todos los proyectos urbanísticos de cierta envergadura iniciados por el Ayuntamiento de Granada con el PP a la cabeza acaben en los tribunales o investigados por los fiscales", ha sentenciado.
C's será implacable ante los casos de corrupción en Granada
Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos, que sin entrar en el equipo de gobierno favoreció la continuidad del PP en el Consistorio después de que los populares perdieran la mayoría absoluta, también ha señalado que pedirá explicaciones al Gobierno local por la orden de investigación de la Fiscalía. Al igual que ya lo estamos siendo en Andalucía, Ciudadanos será implacable ante los casos de corrupción política en Granada y pedirá la dimisión de cualquier cargo público afectado", ha dicho Luis Salvador, portavoz del grupo municipal.
Dimisiones
Salvador ha resaltado también la necesidad de no precipitar juicios de valor y de conocer "cuanto antes" todos los detalles de la investigación. El portavoz de C's Granada ha recordado que la dirección provincial del PP firmó el documento de regeneración democrática y anticorrupción que Ciudadanos defiende y que contempla la separación de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a los imputados por corrupción política.
