El acuerdo fue negociado sigilosamente y cerrado sin luz ni taquígrafos ayer en el Parlamento por el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, y el portavoz del grupo parlamentario Vox, Alejandro Hernández. El objeto oficial del mismo: promover, en este semestre, los cambios normativos necesarios para "impulsar la implicación de las familias en la educación de los hijos".

Inicialmente, los firmantes no hicieron público el documento en su integridad ni Vox hizo ayer mención alguna al mismo en sus cuentas de redes sociales.

Aunque desde la izquierda interpretan el acuerdo como una versión del pin parental, la Consejería de Educación lo niega rotundamente. Lo que se plantea, aseguran, es "el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española".

Si la versión de Educación es la correcta, y Vox no la ha desmentido, el partido ultra se habría resignado a rebajar su ambicioso pin parental a un mero acuerdo para implicar más a las familias en el proceso educativo de sus hijos.

Hace un año, el consejero de Educación calificaba de “absurdo y artificial” el debate abierto sobre el veto parental: “No es necesario bajo ningún concepto”, dijo entonces, al tiempo que insistía en que había que centrarse “en el respeto a la diversidad y en los valores fundamentales".

¿Qué es el pin parental?

Como se sabe, el concepto de ‘pin parental’ fue acuñado el partido de extrema derecha para definir "una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos" para informar a los padres "a través de una autorización expresa" sobre "cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad" de los menores.

Con ello, Vox intenta que los alumnos puedan asistir a charlas y talleres sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, únicamente en el caso de que los progenitores den consentimiento para ello. 

En Andalucía, el pin parental era la condición que ponía el partido ultra para apoyar el decreto-ley 2/2021 por el que se modifica, con carácter urgente, la normativa que, entre otros extremos, da nuevas facilidades a los centros privados y concertados en el proceso de admisión del alumnado.

El decreto salió adelante ayer en el Pleno del Parlamento con los votos de PP-A, Ciudadanos y Vox, pero el equipo de Imbroda niega que se vaya a implantar pin parental alguno.

Una redacción ambigua

Se diría, en todo caso, que el documento suscrito por Imbroda y Hernández ha sido redactado de forma deliberadamente ambigua. El objetivo de lo firmado es salvaguardar la "libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente".

Para lograrlo, la Consejería de Educación y Deporte, con el apoyo del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, se compromete a "impulsar, antes de la finalización del presente periodo de sesiones (que acaba en junio), los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo".

No parece quedar completamente claro si el acuerdo –como sugiere la interpretación de la Junta– se refiere solo a contenidos extracurriculares o si también afecta –como siempre quiso Vox– a actividades complementarias programadas por los centros educativos, evaluables e incluidas en el currículo educativo.

En el primer caso, el acuerdo de Imbroda y Hernández no sería necesario puesto que, con la legislación actual, los padres ya pueden decidir si autorizan a no a sus hijos a participar en activdades no curriculares. En el segundo caso, el acuerdo contravendría la Ley de Educación.

Según aseguraban ayer fuentes de Educación, “en ningún caso se trata de un acuerdo para la implantación del llamado pin parental” en el sistema educativo andaluz, sino que el objetivo que, “como ya dijo el consejero en su momento, trabajar en mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información previa del proyecto del centro educativo a las familias. Se trata exclusivamente –añadían– de mejorar la información y la transparencia, no de implementar una autorización expresa”.

Valero: "Es gravísimo"

No lo ve así, desde luego, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, para quien es "gravísimo" el acuerdo alcanzado entre la Junta y Vox, pues evidencia que los partidos que sustentan el Gobierno andaluz "de nuevo ceden al chantaje de Vox, y lo hacen en algo tan sagrado para una democracia como es la educación en valores democráticos de nuestros niños".

Valero sostiene que el acuerdo es "un intento de censura de actividades que fomentan la tolerancia y la igualdad en centros educativos, unas actividades fundamentales para la educación en valores humanistas y para que nuestros jóvenes se socialicen en valores democráticos".

PP y Cs, afirma el líder de IU, están "metiendo las manos en una escuela pública que tiene que ser una vacuna frente a los discursos del odio" y "tiene que estar frente al machismo, frente al racismo y frente a cualquier tipo de intolerancia como la homofobia".

La exconsejera socialista de Educación Sonia Gaya se situaba en una posición similar. Este fue su mensaje de Twitter:  "Cs y Vox cambian cromos en #Andalucía: yo te apoyo el decreto de escolarización y tú me pones el pin parental en los centros educativos. Traducción: yo dejo que conciertes más y tú impides que eduquemos a los niños/as en igualdad, respeto y tolerancia".