La consejera andaluza de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha dicho hoy que en comunidades autónomas como la de Andalucía "hay determinados organismos que son necesarios por tener más de ocho millones de habitantes".

Díaz pide al Ejecutivo de Rajoy "respeto a la autonomía de las comunidades"
En declaraciones a los periodistas, Díaz ha dicho que la supresión de organismos como la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo son una "recomendación" del Gobierno español, "y se entenderá como tal", y ha añadido que el Estatuto Andaluz recoge ambas, por lo que ha pedido al Ejecutivo "respeto a la autonomía de las comunidades". Según ha explicado Díaz a los periodistas, el Gobierno andaluz desconoce la iniciativa del Gobierno central porque no ha participado en ningún debate previo ni ha recibido información sobre ella.

No pueden referirse de "manera general a todas las comunidades autónomas"
"Estamos siendo prudentes hasta conocer el contenido de lo que está aprobando hoy el Consejo de Ministros; no parece que sean las formas, porque debería haber habido participación de las comunidades autónomas en un debate de calado sobre qué tipo de Administraciones públicas queremos", ha añadido. Sobre los organismos cuya supresión recomienda el Gobierno, la consejera ha dicho: "Intuyo que no se referirá a Andalucía, una comunidad autónoma de más de ocho millones de habitantes; creo que no se estará refiriendo al conjunto de las comunidades autónomas" y ha insistido en que el Gobierno "no puede referirse de manera general a todas las comunidades autónomas" y a "órganos concretos" para todas ellas.

Debe basarse en el diálogo y el entendimiento
No obstante, ha considerado "oportuno y necesario" que el Gobierno haya abierto "un debate para analizar determinadas competencias y servicios que ya están transferidas a las comunidades autónomas" porque "no tenía sentido que se mantuviesen organismos cuyos servicios los estaban prestando ya las comunidades autónomas que tenían transferidas esas competencias". El modelo debe basarse, en su parecer, en el diálogo y el entendimiento y tiene que contar con la participación de las comunidades autónomas, lo cual "no se está produciendo" porque si participan todos será más fácil ver qué es necesario y qué no; por ejemplo, analizar determinados servicios que tiene el Gobierno de España cuyas transferencias tienen las comunidades autónomas, eso sí es una duplicidad", ha insistido.

"Estaríamos ante otra cosa"
También ha señalado que "si no se da voz a las comunidades autónomas, se puede pensar que quizás se pretende lo mismo que con la reforma local, limitar la autonomía". A la pregunta de si las recomendaciones se relacionan con la financiación que depende del Estado, la consejera ha contestado que "entonces ya no serían recomendaciones; estaríamos ante otra cosa". Tras insistir en que entre las comunidades autónomas existen "singularidad y diferencias", la consejera se ha referido a la política sobre adquisición de medicamentos, como una de las cosas que se podría mejorar en el ámbito de las competencias y de servicios que ya no presta el Estado.