No es el primer informe de la Federación de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que certifica el deterioro a lo largo de los últimos años de los servicios sanitarios de Andalucía, aunque sí el primero que se conoce desde que se produjo el cambio político en la Comunidad, gobernada desde enero por PP y Ciudadanos con apoyo parlamentario de Vox.

Su conclusión, en línea con las de informes anteriores, resulta demoledora para la gestión llevada a cabo por los sucesivos Gobiernos del Partido Socialista: Andalucía se sitúa en el furgón de cola de las CCAA, donde viene ocupando plaza fija desde 2016 junto a otras como Cataluña, Murcia, Canarias, Madrid o Valencia cuyos ciudadanos sufren “los servicios sanitarios más deteriorados”.

El historial andaluz

Los últimos datos conocidos del Ministerio de Sanidad sobre gasto sanitario de las autonomías, conocidos a principios de este año, iban en la misma dirección: Andalucía es la Comunidad con menor inversión per cápita con 1.110 euros por habitante y año (9.332 millones en de euros, equivalentes al 6,2 por ciento del PIB).

Aunque venía de antes, el deterioro de los servicios sanitarios andaluces, según el histórico que la FADSP incluye en su informe, tuvo su punto de inflexión en el año 2016, con Susana Díaz al frente del Gobierno autonómico.

Estas son las posiciones ocupadas por Andalucía entre los años 2009 y 2019: de 17 puestos, en 2009 ocupaba el puesto seis, en 2010 pasó al 10, en 2011 bajó al 12, en 2012 y 2013 subió hasta el puesto siete, en 2014 mejoró hasta el seis pero en 2015 bajó al nueve, al año siguiente descendió al puesto 13, en 2017 bajó al 14, en 2018 mejoró hasta el 12 y en 2019 está en su peor puesto histórico, el 15, solo por delante de Murcia y Canarias.

El Gobierno entonces monocolor del PSOE recibió su primer gran aviso ciudadano sobre el deterioro de los servicios sanitarios en el otoño de 2016, cuando decenas de miles de granadinos salieron a la calle para protestar contra la fusión hospitalaria en la ciudad, de la cual la Junta daría finalmente marcha atrás.

La cola y la cabeza

En cabeza continúan Navarra y País Vasco, aunque su clasificación no tiene demasiado mérito teniendo en cuenta que gozan de una financiación muy por encima de la del resto de territorios, pero también Aragón y Asturias.

El siguiente vagón, identificado bajo el epígrafe ‘Servicios sanitarios regulares’, lo ocupan las dos Castillas, La Rioja y Extremadura, mientras que en el penúltimo (‘Servicios sanitarios deficientes’) viajan Baleares, Galicia, Cantabria, Madrid y Valencia.

Según los autores del informe, la diferencia entre CCAA “es claramente excesiva (de 46 puntos sobre un máximo alcanzado de 102) y la ratio entre la Comunidad de mayor puntuación y la de menor puntuación es de 1,82 una de las mayores registrada en los informes realizados: 2018 (1,77),  2017 (1,83), 2016 (1,80), 2015 (1,81) y 2014 (1,76)”. La gran disparidad en los servicios sanitarios entre las CCAA “no se reduce, lo que pone en peligro la necesaria cohesión y equidad entre territorios”.

Quién sube y quién baja

El informe de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública resalta que “hasta este año las dos últimas CCAA eran las mismas en todos los informes (Canarias y Valencia), pero en el actual Valencia sale del grupo de aquellas con peores servicios sanitarios y Canarias continúa siendo la peor situada en los tres últimos años”.

Los tres primeros puestos en los tres últimos años los ocupan las mismas CCAA con cambios en las posiciones relativas. En este último dossier suben seis CCAA: Asturias y Valencia (tres puestos), así como Navarra, Baleares, Galicia y Cataluña (u puesto). Bajan posiciones siete de ellas: Madrid y Andalucía (tres puestos); La Rioja y Murcia (dos puestos); y Castilla y León, Extremadura y País Vasco (un puesto).

En opinión de los autores, “los recortes presupuestarios y la aprobación del RD Ley 16/2012 han supuesto un serio retroceso en la situación de la Sanidad Pública en España, pero la aplicación de estas medidas ha tenido intensidad y calendarios distintos según las CCAA por lo que la percepción de su efecto es distinto en cada territorio”.