Las universidades públicas andaluzas viven una situación crítica. El cierre del ejercicio presupuestario de 2025 ha dejado en evidencia que el modelo planteado por la Junta de Andalucía y rechazado por un amplio sector académico ha dibujado un escenario que aboca a las universidades a la supervivencia financiera. A finales de 2025, las universidades públicas andaluzas han cerrado en déficit presupuestario. Un déficit que, según CCOO, alcanza los 38 millones de euros, aproximadamente sin contar la Universidad de Sevilla (US). Con esta última, tras aprobar la liquidación de cuentas, la deuda alcanzaría los 57 millones de euros.
El informe elaborado por CCOO no contaba con los datos de la US, que ha sido la última universidad en realizar una auditoría de sus cuentas, que arrojan una pérdida de 14,8 millones de euros. La auditoría realizada por la Hispalense apunta a que las subidas salariales del sector público, aprobadas por el Gobierno central, el aumento del gasto en plantilla de casi un 7% y unas transferencias de la Junta que "no se acompasan con este crecimiento", el encarecimiento de los suministros y las infraestructuras, han provocado dicho balance negativo.
La Universidad de Málaga registra el mayor déficit con 18,8 millones de euros, seguida por la Universidad de Sevilla con 14,8 millones. La Universidad de Granada presenta un desequilibrio de 5,03 millones; las de Cádiz y Córdoba alcanzan los 4,4 millones cada una; Almería suma 3,4 millones; Jaén registra 2,3 millones; la Pablo de Olavide 2,542 millones; y Huelva cierra con 1,8 millones de déficit presupuestario.
"Déficit estructural"
Las lecturas de este déficit presupuestario de las universidades es diverso. Desde las instancias oficiales se argumenta que los rectores habían acordado con el fallecido exconsejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, auditorías individualizadas para determinar cuál era el gasto en personal de cada institución para evaluar si habría que modificar el modelo de financiación acordado en 2023.
Por otro lado, las voces más críticas apuntan a que es un modelo que castiga a las universidades públicas porque es un modelo "insostenible". Es una visión que mantiene, por ejemplo, el sindicato CCOO. Hasta ahora, las instituciones académicas han sobrevivido y maquillado sus números rojos gracias al uso de "remanentes", es decir, partidas económicas procedentes de subvenciones y proyectos de investigación a largo plazo que llegaban a final de año. Sin embargo, ese dinero, que tiene un carácter finalista y no supone un incremento real de los fondos disponibles para el funcionamiento ordinario, ya no da más de sí para tapar los agujeros del sistema.
Según han apuntado desde el propio sindicato en las lecturas del modelo, la Junta ha ignorado sistemáticamente la "cláusula de salvaguarda", diseñada precisamente para garantizar la financiación mínima anual y cubrir los incrementos salariales y normativos. El argumento esgrimido desde la Consejería de un aumento del 30% en la financiación desde 2018 resulta, según los expertos, un "espejismo" que ni siquiera cubre el incremento acumulado del IPC y del nivel de vida.
Además, las denuncias del sector se centran en la propia voluntad del Ejecutivo de Moreno. Mientras el sistema universitario, que representa casi el 3% del PIB andaluz y es un motor innegable de inversión (generando hasta 7 euros por cada euro invertido en provincias como Granada), pedía una inyección urgente de 65 millones de euros para sanear sus cuentas, la Junta de Andalucía cerraba ejercicios con superávits: 1.500 millones en 2024 y más de 1.300 millones a finales de 2025. A pesar de esta holgura, el propio presidente ha incumplido incluso la promesa de inyectar 16 millones de euros adicionales que garantizó a los rectores en la inauguración del pasado curso académico.
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