La Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera y Chrysallis Andalucía y la Asociación de Familias de Menores Trans, exigen la cabeza del delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, por unas declaraciones en que la afirmaba que la Unidad de Trastornos de Identidad de Género (UTIG) de Málaga se mantendrá activa: “Se van a mantener los especialistas que forman parte de la misma y, por lo tanto, se van a mantener todas las consultas".
Precisamente uno de los caballos de batalla del movimiento ha venido siendo en los últimos años la supresión de esa unidad especializada porque, en su opinión, estigmatiza y segrega al colectivo, a quien la nueva ley andaluza reconoce el derecho a un trato médico convencional y similar al del resto de los ciudadanos.
El colectivo considera esas palabras “desafortunadas, una provocación y no propias de un representante de un Gobierno, entre cuyas funciones está la de
velar por los derechos que amparan a la ciudadanía y hacer cumplir las leyes que los garantizan”. Y añade el comunicado hecho público este miércoles: “Sus declaraciones nos sitúan en tiempos ya superados en los que los derechos de las personas transexuales no eran equiparados respecto al resto de la ciudadanía y eran segregadas y maltratadas por profesionales cuya praxis patologizantes han hecho un daño incalculable a las personas transexuales con menos recursos. Lo que el Sr. Ruiz Espejo demuestra con sus declaraciones es una falta de respeto monumental hacia el colectivo de personas transexuales y a la legalidad vigente”.
ATA-Sylvia Rivera y Chrysallis Andalucía y la Asociación de Familias de Menores Trans,
exigen al Gobierno andaluz el cese inmediato del delegado, al que recuerdan con sorna “que Andalucía cuenta con la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, publicada en BOJA el 18 de julio del pasado año y en vigor al día siguiente”.
La ley fue aprobada por
unanimidad de todos los grupos, y con un gran apoyo y consenso de entidades sociales, políticas y sindicales, además el Gobierno Central anunció que no la iba a recurrir por entender que se ajusta a la Constitución. Mediante ese texto jurídico “están garantizados nuestros derechos en todos los ámbitos, educativo, sanitario y laboral en igualdad con la ciudadanía, respetando el principio de no segregación, patologización y reconociendo el derecho humano a la libre autodeterminación del género, lo que la ha hecho que esta ley sea un referente y pionera en España y Europa”.
Los colectivos entienden que lo que tendría que hacer Ruiz Espejo como representante de un Gobierno “es exigir la efectividad de la misma y no retrotraernos a tiempos ya superados”. En efecto, del articulado de la Ley Integral andaluza se desprende que “está garantizada la atención en todas la ciudades de Andalucía, incluida Málaga, donde las y los ciudadanos transexuales, al igual que el resto de ciudadanos y ciudadanas, tienen el derecho a la libre elección de especialistas, de manera que cada persona elija el profesional que necesite para sus necesidades médicas”, sin imponer esa segregación que está en el espíritu mismo con que habría sido creada Unidad de Trastorno de Identidad de Género.
