Al ex secretario general de la Consejería de Hacienda Antonio Estepa le tocó este lunes el gordo en una lotería muy especial. La mano inocente que sacó del bombo procesal de los ERE la bolita mágica fue la del fiscal anticorrupción al retirar los cargos y pedir la exclusión de Estepa de la nómina de 22 ex altos cargos de la Junta que están siendo juzgados en la Audiencia de Sevilla.
Acusados unos de prevaricación y otros de prevaricación y malversación, el tribunal debe decidir si son culpables de idear, crear, mantener y ocultar durante una década un procedimiento deliberadamente ilegal de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis.
Emocionado al escuchar decisión del fiscal de sacarlo del proceso, Estepa declaraba que su exculpación era mucho “más que un premio de lotería tras cinco años de sufrimiento”. El ex alto cargo nunca entendió por qué lo habían sentado en ese banquillo del que acaban de sacarlo. Cuando habló con los medios todavía no parecía saber por qué la misma maquinaria judicial que le había arruinado la vida durante un lustro, ahora lo mandaba a casa y pelillos a la mar.
Muchos son Estepa
Una buena parte, la mayoría en realidad, de los procesados se sienten como se sentía Antonio Estepa antes de tocarle el gordo hace dos días. Están tan seguros de su inocencia como convencidos de su condena y resignados a ella.
La justicia española ha invertido demasiadas energías, demasiado tiempo y demasiados medios humanos y materiales como para tirarlo todo por la borda con una absolución. La opinión pública no entendería nada: difícilmente podría perdonar la exculpación de políticos tan importantes como los que se sientan en el banquillo, y menos en unos tiempos en los que la imagen de la justicia y la imagen de la política están por los suelos.
Política y burocracia
Desde que comenzó la instrucción, muchos de los hoy procesados vieron con estupor cómo eran públicamente señalados como unos tipos que habían repartido alegremente entre sus amiguetes socialistas más de 800 millones de euros.
¡Cuánto no se habrán llevado ellos para sí mismos!, se sigue diciendo entre sí la gente con malicia, sin saber que muchos de ellos se han visto obligados a hipotecar sus bienes o comerse los ahorros de toda una vida para pagarse una buena defensa.
Todo lo cual no exculpa, obviamente, a parte de ellos de las responsabilidades políticas derivadas de que en la Junta de Andalucía se dieran ayudas de cientos de miles de euros sin presentar un papel o fallaran los controles que debieron evitar que tales cosas sucedieran.
Falló la política y falló la burocracia, pero en último término la responsabilidad de ambos fallos sería de quienes dirigieron políticamente la Junta de Andalucía. La singularidad de esta causa es que en ella parece juzgarse como delitos penales lo que tal vez solo sean errores políticos o, como mucho, atajos administrativos que debería juzgar una sala de lo contencioso y no una sala de lo penal.
Un caso difícil
En todo caso, nos hallamos ante un macroproceso que no es nada fácil de explicar a quienes no lo están siguiendo al detalle. A veces los propios procesados tienen dificultades para no perderse.
Hasta las defensas tienen esas dificultades. E incluso ¡el propio tribunal!, como le ocurría ayer al presidente de la Sala, Juan Antonio Calle, que suspendía la vista hasta este miércoles tras evidenciar sus dificultades para seguir el hilo argumental del defensor del exconsejero Antonio Fernández, que había solicitado dicha suspensión.
El letrado Alfonso Martínez del Hoyo creyó haber descubierto el juego que se traería entre manos la Fiscalía, a la que reprochó su intento de modificar su escrito inicial de acusación sacando sigilosamente de la causa la concesión y el pago de las ayudas que el juez instructor había incluido en ella para sustentar el delito de malversación.
Chuparse el dedo
“Aquí nadie se chupa el dedo”, advertía con deje castizo el letrado, para concluir que el regate de la Fiscalía en su escrito de calificación definitiva perseguía que su cliente, pero no solo él, fuera juzgado en el futuro en las piezas separadas sobre cada ayuda.
Si en su calificación provisional el Ministerio Público había sostenido que la concesión de las ayudas debía ser enjuiciada en esta vista, ahora debía apechugar con ello y aceptar que, una vez dictada sentencia, quienes las concedieron no podrán ser juzgados en el futuro por segunda vez. Lo que en su primer escrito de acusación era “una alusión e imputación directa” en la versión definitiva quedaba en una redacción deliberadamente “genérica”.
De poco le sirvió al presidente Calle recordarle al letrado que ya en las cuestiones previas de este juicio se fijó que las piezas separadas por las diferentes ayudas otorgadas no eran objeto del mismo. Del Hoyo insistió en lo suyo: la Sala tendrá que pronunciarse sobre el delito de malversación porque así consta en el auto de procedimiento abreviado dictado el 31 de mayo de 2016 que ahora la Fiscalía intentaba desvirtuar para así cubrirse las espaldas y soslayar los riesgos derivados de su codicia procesal. Procesal pero también mediática, pues la malversación da titulares muchísimo más jugosos que la inhabilitación.
La gran paradoja
El embrollo de este martes no es fácil de explicar ni de entender, pero este juicio está plagado de paradojas que no son fáciles de entender ni de explicar. Sin duda la principal es que quienes acusan a los políticos de la Junta de malversar 850 millones de euros no han reclamado a devolución del dinero a quienes efectivamente lo cobraron o lo están cobrando, que son esos más de 6.000 “ex-trabajadores y ex-trabajadoras que fueron beneficiarios de ayudas sociolaborales instrumentadas a través de contratos de seguro colectivo de rentas, se hallen o no en proceso de financiación de sus primas por parte de la Junta de Andalucía”.
Así es como los definía el acuerdo unánime del Parlamento andaluz de octubre de 2012 que garantizaba que dichos beneficiarios seguirían cobrando unas ayudas que algunos de los mismos partidos que suscribieron la iniciativa parlamentaria califican de fraudulentas.
La pista del dinero
Como se sabe, aquel acuerdo parlamentario tendría su plasmación en el Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, "de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis".
Es decir, no solo se sabe dónde está el dinero, sino que ese dinero se está pagando porque así lo decidió el Parlamento y lo instrumentó el Gobierno de la Junta vía decreto. Que la justicia persiga a los políticos por haber otorgado ilegalmente las ayudas pero que al mismo tiempo no haga nada por recuperar el dinero de esas ayudas supuestamente fraudulentas no es fácil de explicar y menos aún de entender.
