El Juzgado de Instrucción nº 4 de Estepona (Málaga) investiga al alcalde, José María García Urbano, y a varios funcionarios del Ayuntamiento, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, tras la adjudicación durante 20 años de la concesión demanial de un bar, restaurante y mirador a una empresa administrada por su nuera.

Tras las sospechas del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de que esta empresa, Inversiones Delmar 2022, S.L, pagó la fianza con dinero del propio García Urbano, un escrito del Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Estepona, firmado a fecha de 29 de enero de 2026, y al que ha tenido acceso ElPlural.com, ha determinado que dicho local no habría satisfecho la cantidad en concepto de canon al no tener licencia de apertura.

En 2023 el Ayuntamiento de Estepona adjudicó a la empresa Inversiones Delmar 2022, S.L la explotación durante 20 años de un bar, restaurante y mirador ubicado en las plantas diez, once y doce del Mirador del Carmen, una de las zonas más atractivas de la ciudad.

La fianza que esa empresa tuvo que pagar, que fue creada pocos meses antes en una gestoría vinculada con el alcalde, parece que provino de la cuenta del propio Urbano, que realizó una transferencia a sus hijos bajo el concepto 'donación', tal y como descubrió la UDEF.

A este rocambolesco capítulo, se suma que este bar había abierto sin licencia de apertura. Al menos, es lo que concluye el citado informe del Consistorio del municipio malagueño, que explica que la empresa aún no ha pagado el canon (una suerte de alquiler que la empresa debe pagar cada año por utilizar bienes públicos) porque no tiene licencia de apertura.

Por tanto, el propio Ayuntamiento del dirigente popular admite que, desde septiembre de 2024 (fecha de apertura del bar), ha estado operando sin licencia; o, al menos, no ha pagado el canon pactado en la adjudicación, un primer pago de 27.427,38 euros con un incremento del 2% respecto a la cantidad anterior cada año, porque no consta dicha licencia de apertura.

Este caso se abrió después de que la Fiscalía Provincial pidiera investigar los hechos tras las indagaciones realizadas por la UDEF y entender que existían indicios de que la adjudicación de la concesión a una empresa podría haber omitido los requisitos imprescindibles para contratar con la administración al carecer de solvencia económica y profesional, algo que supone una contradicción con el derecho, inexplicable desde el punto de vista legal o de argumentos técnico-jurídicos.

Según se recogía en la denuncia todo ello “lleva a concluir que obedece sólo a la voluntad unilateral de su adjudicación por parte del órgano adjudicador” -mesa de contratación del Ayuntamiento- sobre todo cuando la socia única y administradora resulta ser o haber sido la pareja del hijo del alcalde que ha sufragado los gastos imprescindibles que la mercantil adjudicataria ha tenido que hacer frente en el procedimiento administrativo”.

La empresa se creó siete meses antes con sede en el domicilio de dos mercantiles del alcalde

Este asunto fue denunciado por el Grupo Socialista en el pleno de julio del 2023 donde pidió explicaciones al alcalde y este se negó a darlas. Según Molina, “la respuesta fue ninguna y las explicaciones estuvieron enfocadas a una serie de hechos que habíamos descubierto como que la empresa se había creada siete meses antes de la licitación, que la sede social y fiscal de esa empresa correspondía al mismo domicilio de dos empresas que tiene el alcalde en Málaga capital y también el teniente alcalde que es el mismo domicilio que donde tiene la gestoría el teniente alcalde y asesor fiscal de José María García Urbano, el señor Salvador Pedraza, por lo que la jueza ha entendido que los hechos son lo suficiente graves y admitido a trámite”.

El Partido Socialista no es la primera vez que se ha personado en causas contra el alcalde como el tema de la malversación de fondos públicos. Los socialistas inciden que van a llegar hasta el final porque “creemos que los vecinos de Estepona merecen un ayuntamiento limpio, transparente y que no se use para beneficiar presuntamente a familiares y amigos”.