La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la formación Izquierda Unida Cádiz por un posible “conflicto de intereses” de la concejala de vivienda del Ayuntamiento, Ana San Juan, en una operación de reparcelación del solar de Casitas Bajas. La denuncia, realizada en febrero, pedía al organismo que investigara la relación entre las dos promotoras propietarias del suelo y la pareja de la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, la empresa de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz.
Ahora, siete meses después, la formación ha emitido un comunicado en el que afirma que Antifraude ha admitido a trámite dicha denuncia, lo que el portavoz de izquierdas, Raúl Láinez, considera un “hito”: “Es un hito la admisión a trámite, y la investigación del asunto debe llegar a que Bruno García tome su primera decisión en estos dos años y medio de mandato, que es retirar de las competencias de vivienda a una persona con un más que posible conflicto de intereses entre lo público y el negocio familiar”.
Según explica IU en el comunicado, la promotora relacionada con San Juan habría solicitado al Consistorio que “no promueva vivienda pública en su parte de aprovechamiento y enajene su parte de suelo al objeto de poder adjudicárselo”, algo que está “defendiendo e impulsando” la propia concejala.
“No es responsable que en una ciudad que sufre la falta de vivienda pública y en la que las familias tienen muy difícil el acceso a un hogar digno, las políticas de vivienda de la ciudad las dirijan las promotoras privadas directamente”, ha denunciado Láinez.
Por otro lado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció la semana pasada la "operación de venta" del Gobierno municipal del solar de Casitas Bajas. APDHA calificó como "excusa" la esgrimida por el Consistorio, que ha enfatizado en repetidas ocasiones que el dinero obtenido se destinará a mejorar la barriada Manuel de Falla. No obstante, desde la organización han exigido al Ayuntamiento que "solicite subvenciones autonómicas y estatales" para sufragar los gastos que quieren acometer en dicha barriada "sin necesidad de provocar esta grave pérdida de suelo público destinado a vivienda".
De hecho, la entidad señala que "no consta" que el Ayuntamiento haya concurrido a las convocatorias abiertas por la Junta de Andalucía en 2024 y 2025 para el "fomento del parque público de alquiler". Tampoco se tiene constancia de que el alcalde "haya solicitado a la Junta la declaración de Manuel de Falla como zona degradada, lo que permitiría acceder a una importante inyección económica para dicha actuación", esgrimían en un comunicado.
La denuncia
El pasado febrero, IU Cádiz trasladó a Antifraude el posible conflicto de intereses que podía existir entre la concejala y las empresas promotoras tras la anunciada venta de los aprovechamientos municipales del solar de Casitas Bajas a través de Procasa, ya que “puede beneficiar a una promotora perteneciente a un grupo de empresas vinculadas con el marido de la concejala de Vivienda y presidenta” de dicha entidad.
Entonces, Láinez defendió que “más allá de lo que concluya Atifraude, es insostenible que las políticas de vivienda de la ciudad las dirija un delfín de las promotoras privadas”, por lo que pidió explicaciones al primer edil, Bruno García.
Ayuntamiento
Tras la denuncia interpuesta por IU Cádiz, el Gobierno local expresó que el suelo “no es público, sino que fue adquirido” por un promotor privado durante la anterior legislatura. En este sentido, el teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, declaró que la intención municipal no es otra que “subastar” estas unidades de aprovechamiento municipales, por lo que cualquier empresa podría participar en el proceso. Así, la intención con esta operación es la de “obtener fondos” con los que reformar el barrio Manuel de Falla, defendió Cossi.
