El grupo parlamentario Por Andalucía ha vuelto a registrar en la Cámara autonómica su proposición de ley integral contra el acoso escolar y el ciberacoso con el propósito de retomar y completar la tramitación parlamentaria que ya se inició durante la legislatura pasada y que quedó interrumpido con la convocatoria electoral. Con este movimiento político, la formación de izquierdas busca poner de nuevo sobre la mesa del debate público una problemática que, a su juicio, sigue invisibilizada y desatendida por la falta de una respuesta institucional valiente, sistemática y dotada de los recursos presupuestarios necesarios.
Durante la presentación de la iniciativa el diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha querido marcar distancias con el enfoque institucional predominante y ha sido contundente al rechazar cualquier intento de minimizar la gravedad de estos episodios. "Cuando hablamos de acoso escolar no estamos hablando de una pelea entre críos ni de cosas de chiquillos", ha advertido con el parlamentario, exigiendo que se abandone de una vez por todas la peligrosa "normalización cultural de la violencia" en el ámbito educativo. Para Alba, restar importancia a estas conductas bajo el argumento de que son dinámicas habituales de la infancia o la adolescencia supone una "dejación de funciones" intolerable por parte de las administraciones públicas.
El núcleo de la reivindicación política formulada por Por Andalucía radica en la necesidad de transformar radicalmente el papel de los centros educativos como entornos seguros y de cuidado mutuo. En esta línea, el diputado andaluz ha incidido en que los menores "tienen que sentirse acompañados y protegidos por su propio centro educativo", señalando que la comunidad escolar no puede mirar hacia otro lado ni limitarse a aplicar parches burocráticos cuando el daño ya es irreparable. La propuesta legislativa defiende que la convivencia democrática y la salud mental de los estudiantes no pueden depender de la buena voluntad aislada de determinados docentes o de la sensibilidad intermitente de los equipos directivos, sino que exigen un mandato imperativo por parte del legislador andaluz.
Para argumentar la urgencia de esta norma, Alba ha apelado directamente a un consenso social básico que, a su entender, el Gobierno autonómico se niega a materializar en derechos efectivos. "Si todas y todos entendemos que los niños tienen derecho a estar seguros cuando van a la escuela, esa seguridad hay que convertirla en derecho y en ley", ha defendido para cerrar el planteamiento político de su formación. Con esta premisa, la iniciativa política sitúa el foco en la exigencia de dotar a la red pública y concertada de herramientas reales de protección, cuestionando la precariedad de los recursos actuales y la tendencia a externalizar servicios esenciales que deberían ser gestionados directamente por personal público especializado.
Aunque la propuesta contiene elementos clave de arquitectura legislativa, como la implantación obligatoria de la educación emocional en los currículos escolares, la creación de canales de denuncia anónimos y blindados frente a la privatización, y la exigencia de planes de recuperación integral para las víctimas, el peso político de la iniciativa reside en fiscalizar la inacción institucional. Desde Por Andalucía se advierte que la pasividad o el encubrimiento de los protocolos por parte de las estructuras educativas no pueden seguir quedando impunes.
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