Soy una de las 357.486 personas que hasta el miércoles pasado habían registrado en España su testamento o voluntad vital anticipada y uno de los 45.232 andaluces que ahora tendrán que volver a ratificar su decisión si quieren que se les aplique en el caso de una hipotética eutanasia. Andalucía ha sido la última comunidad junto con Madrid en aprobar el decreto que permite aplicar la ley de eutanasia en su territorio. Las dos están gobernadas por el Partido Popular y habían incluido el requisito de la ratificación de la voluntad vital para dificultar el ejercicio de este derecho humano aprobado en junio por el Parlamento.

Mientras la Comunidad de Madrid ha rectificado ya y se ha alineado con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la Junta de Andalucía mantiene la exigencia de la ratificación y para ese trámite tiene una demora de tres meses. El viernes, 29 de octubre, pedí cita para realizarlo y me la dieron para el 27 de enero de 2022 en el Hospital de Valme. La lista de espera es también de tres meses para finalizar el proceso de registro de la voluntad vital de cualquier persona domiciliada en Sevilla,como comprobé en mi llamada del viernes 29 a Salud Responde.

La petición de cita para atención primaria, vacunaciones y otras gestiones sanitarias se puede hacer online y desde las aplicaciones móviles de la Consejería de Salud, pero en el caso del testamento vital solo se puede hacer llamando al teléfono 955545060.

Andalucía fue una de las primeras comunidades en aprobar mediante su Ley 5/2003, de 9 de octubre, la declaración de Voluntad Vital Anticipada, un documento que resuelve muchos de los problemas que se presentan a la hora de decidir los cuidados y tratamientos sanitarios a recibir cuando una persona no tiene capacidad para expresarlo personalmente.

Cuando se aprobó esta ley en el Parlamento de Andalucía, la Junta hizo publicidad de este derecho ciudadano, pero no la mantuvo en el tiempo. Hoy cuando se han cumplido 18 años de su aprobación, la publicidad institucional de la Junta de Andalucía debería promocionarla para que este derecho ejercido por ahora por una minoría exigua, lo fuera por la inmensa mayoría de las andaluzas y los andaluces.