Iniciativa pionera en Andalucía para arrojar luz al oscuro asunto de los bebés robados durante el franquismo, pero también en los primeros años de la Transición. Por primera vez habrá un intento serio y sistemático para identificalos.
La Junta de Andalucía y la Universidad de Granada suscribieron ayer un convenio que permitirá recabar muestras genéticas de familiares que denunciaron la sustracción y adopción de bebés sin autorización hasta 1982. Igualmente, y en aplicación de la Ley de Memoria Democrática e Histórica, se pretende identificar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
El proyecto tendrá una duración de cuatro años y un presupuesto de un millón de euros. El convenio prevé la identificación genética a través de la consolidación de bases de datos de ADN.
Para la presidenta de la Junta, Susana Díaz, presente en la firma del convenio, “es un paso importante para recuperar la dignidad de esas familias, para sanar ese dolor”. Se trata, añadía la presidenta, de hacer todo lo posible para cerrar heridas y que nunca más vuelva a suceder.
Este convenio complementa el suscrito entre ambas instituciones en 2016 y que permitió la puesta en marcha del Banco de AND de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Junto a Cataluña, el País Vasco y Navarra, Andalucía es una de las cuatro comunidades autónomas que disponen de un Banco de ADN para las víctimas de la memoria histórica y democrática
