Quien contamina paga, dice la ley. La realidad, sin embargo, no siempre coincide con la ley. El Gobierno y la Junta de Andalucía no han logrado que los tribunales les den la razón y obliguen a la empresa sueca Boliden a compensar el desembolso público de decenas de millones de euros para paliar el desastre medioambiental ocasionado por la rotura de la presa de la mina de Aznalcóllar, que gestionaba la multinaciononal. 

Aquel desastre, que provocó el mayor vertido tóxico de la historia de España por la rotura de un muro de contención de una balsa de decantación, cumple este sábado 22 años, mientras que en el municipio sevillano se está a la espera de que se archive el caso sobre la adjudicación de los derechos mineros de Los Frailes a México Minorbis para poder retomar el nivel de actividad que había en la localidad en tiempos pasados, informa Europa Press.

Por su parte, en un comunicado la organización ecologista WWF lamenta que "la amenaza de este proyecto continúa", ya que "las intenciones de la Junta de Andalucía para reabrir la mina de Aznalcóllar desde 2013 no han hecho más que afianzarse hasta la actualidad". "La aprobación el pasado 9 de marzo por el Gobierno de la Junta de Andalucía del Decreto Ley 2/2020, por el que facilitan los permisos mineros, abre el camino para poder abrir minas en Andalucía con menos garantías", asegura.

"Reclamamos a la Junta de Andalucía que recuerde lo ocurrido en 1998 y abandone el proyecto de reapertura de Aznalcóllar por sus riesgos para los ecosistemas del Guadiamar y Doñana y al Ministerio de Transición Ecológica que no permita nunca más este despropósito", declara el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona.

El alcalde aznalcollero, Juan José Fernández, por aquel entonces trabajador de la mina, recordaba que este sábado se cumplían 22 años de aquel 25 de abril de 1998 que hacía que cambiara la realidad de este pueblo y del entorno tras la rotura de una balsa que hacía que toneladas de residuos mineros sin tratar llegaran al entorno de Doñana.

Un embrollado proceso judicial

Este aniversario se realiza pendiente de otro proyecto minero, el de México Minorbis para la corta de Los Frailes y cuya adjudicación de los derechos mineros se encuentra en los juzgados después de que ésta se hiciera con ellos pese a mediar una oferta –superior en el aspecto económico pero cualittivamente inferior en otros baremos– por parte de Emerita Resources España.

La pasada semana el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga este caso, emitía una providencia en la que al no apreciar "diligencias de investigación pendientes de practicar" y pedía a cada una de las partes que se pronunciaran sobre "el curso del procedimiento" judicial.

En la búsqueda incesante de indicios de delito en la adjudicación ha venido estando particularmente activa la juez Mercedes Alaya, ponente del tribunal del la Audiencia de Sevilla que ha examinado y estimado los distintos recursos de Emerita contra los archivos dictados por la juez instructora del caso.

Hambre en la comarca

En este marco, el alcalde ve la propuesta de reactivación minera como "la salvación de una comarca", a la par que teme que no se produzca el archivo y la zona caiga "en el pozo más profundo", teniendo en cuenta las tasas de paro con las que contaba y que ahora se verán previsiblemente aumentadas como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus.

"Queremos que todo acabe y la comarca vuelva a ser lo que fuimos. No es de recibo seguir esperando más burocracia y que la gente pase hambre literalmente. La mina supone ese comer", insiste, tras calificar el caso como una "maldita pesadilla". Según indicaba a Europa Press, este proyecto minero supone 30 años de trabajo, 5.000 empleos y 450 millones de inversión.

Recuperación medioambiental

El desastre ecológico habría sido aún mucho mayor si la Junta de Andalucía, el Gobierno y la empresa minera Boliden no hubieran dotado al río Guadiamar de diques y represas para evitar que el vertido lentrase en el espacio protegido. Ambas administraciones han venido reclamando judicialmente pero sin éxito más de 140 millones de euros a Boliden como compensación por el desastre.

Desde que se produjera el accidente en 1998, se ha trabajado tanto por la desaparición de la contaminación como para lograr mejores condiciones ecológicas, al haberse fomentado hábitats originarios que se perdieron por la actividad agrícola.

De hecho, se llevó a cabo un plan de regeneración, forestación y restauración hidrológica-forestal de los suelos, tal como informaba la Junta entonces, con la plantación de 1,7 millones de árboles y arbustos diferentes, desde los característicos del monte mediterráneo al bosque de ribera pasando por los ecosistemas marismeños.

Las actuaciones realizadas han repercutido en la calidad de las aguas que abastecen los espacios protegidos de Doñana y del estuario del Guadalquivir, así como se ha creado un pasillo natural de más de 60 kilómetros fundamental para el tránsito de la fauna silvestre entre el Espacio Natural de Doñana, su área de influencia y Sierra Morena.

En 2003, la Junta de Andalucía incluyó el Corredor Verde del Guadiamar en la Red de Espacios Naturales de Andalucía a través de su declaración como Paisaje Protegido, el primero bajo esta figura en la comunidad autónoma, con una superficie de 2.706,8 hectáreas repartidas entre los municipios sevillanos de Aznalcázar, Benacazón, Huévar, Olivares, Sanlúcar La Mayor y Villamanrique de La Condesa.

Además, en 2015 se incorporó a la Red Natura 2000 como parte de la Zona de Especial Conservación. En el 20 aniversario del desastre, la Junta ya destacaba la buena marcha de los indicadores tanto en el río como en la flora y fauna del entorno, como ocurre con las comunidades de aves, con 144 especies censadas entonces en un enclave migratorio de gran importancia.

Alerta ecologista

Mientras, la organización WWF recuerda que "el proyecto de reapertura de la mina fue adjudicado en 2015 por la Junta de Andalucía a las empresa Minorbis (Minera los Frailes) y Grupo México", y añade que para reabrir la mina, el consorcio minero "debe emprender acciones que suponen un grave riesgo ambiental".

"Por ejemplo, las adjudicatarias necesitarían que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, les autorice previamente el vaciado de la corta minera a cielo abierto de los Frailes, abandonada desde 2001", explica, al tiempo que asegura que en este espacio "se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas (el doble del volumen de lo que se derramó en el accidente de hace dos décadas), que se verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar".

WWF agrega que "para tratar estas aguas contaminadas, la empresa adjudicataria propuso un procedimiento de depuración, que fue puesto en duda por organizaciones ecologistas, que alertaron de que no era suficiente y que las aguas que se vertieran al Guadiamar y a Doñana llegarían contaminadas", una denuncia que "ha sido ratificada recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica, que ha denegado, por ahora, este vertido a la empresa adjudicataria, por contener sustancias peligrosas para el Dominio Público Hidráulico que generarían impactos negativos para el Espacio Natural de Doñana".

Para WWF, esto demuestra una vez más que este proyecto minero "es muy peligroso para Doñana y que la reapertura de la mina supone un riesgo inasumible para uno de los espacios naturales más importantes del mundo", al tiempo que manifiesta a que "a pesar de ello, la Junta de Andalucía sigue apostando por un sector que acumula sentencias en su contra".

Un nuevo retroceso

En este último año, WWF recuerda, asimismo, que "ha denunciado ante la Unesco y el Consejo de Europa los peligros que para Doñana significan los proyectos industriales como la reapertura de la mina de Aznalcóllar o el almacenamiento de gas en el subsuelo del Espacio Natural, y ha solicitado a ambos organismos internacionales que pidan al estado español la retirada de los mismos".

Por último, la organización ecologista critica la aprobación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía (DL 2/2020), por "el que se elimina la obligación de elaborar Planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de minas, sustituyéndolos por un mero informe".

"La aprobación de este Decreto Ley por la Junta de Andalucía supone un retroceso ambiental histórico que introduce cambios legislativos y normativos que pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales", explica Juanjo Carmona. "Este Decreto no solo ha hecho saltar las alarmas de las cinco principales organizaciones ambientales, sino que se han anunciado diversos recursos de inconstitucional en su contra", añade.