Cuando opera a la contra, Gobierno del Partido Popular anda más ligero. Cuando se trata destruir políticas públicas, eliminar inversiones previstas en los Estatutos de Autonomía como las de Baleares, Andalucía o Cataluña, vaciar el fondo de las pensiones, desmontar el Estado del Bienestar o  temporalizar y precarizar las relaciones laborales… muestra una eficacia y una rapidez sorprendentes. En cambio, a la hora de desarrollar las políticas acordadas en la última Conferencia de Presidentes andan con la mayor parsimonia, a paso de tortuga.

Ha transcurrido ya más de un año desde que se reuniera la Conferencia de Presidentes y el  balance es del todo insuficiente; ni de lejos llega al aprobado rascado.

Todos los acuerdos tomados en importantes materias reposan en el limbo. Nueve de cada diez contratos de trabajo siguen siendo temporales. Las propuestas sobre Protección Civil se han limitado a la constitución del Consejo Nacional. Sobre el reto demográfico no se ha ido más allá de nombrar a una Comisionada. En Educación y respecto de la Tarjeta Social, ni un  solo avance. El pacto de Estado contra la violencia de género se ha quedado en buenas palabras y olvidado su contenido a la hora de ejecutar las medidas. Si hablamos de la mejora de participación de las Comunidades Autónomas en las políticas de la Unión Europea,  no hay resultados dignos de reseña.

En referencia a la protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, pese a la aprobación del Real Decreto 897/2017 que regula el bono social, la norma traslada importantes costes indirectos a las Comunidades autónomas y a los Ayuntamientos y hasta es contradictoria con actuaciones de estas Administraciones en materia de pobreza energética.

El Gobierno tampoco ha cumplido en materia de Financiación autonómica, cuya revisión pende desde el 2014; el hecho es realmente grave porque se trata del soporte básico de nuestro Estado del Bienestar. A pesar del trabajo de la Comisión de Expertos, el Ejecutivo no formuló ninguna propuesta antes de finalizar el 2017, haciendo añicos del compromiso que había adquirido. Con el agravante de que a principios del 2018 ha optado por chantajear a las Comunidades Autónomas: no habrá dinero hasta que no se aprueben los Presupuestos del Estado, y con tanta habilidad como cinismo traslada la responsabilidad a las fuerzas políticas que no les regalan su voto. Realmente, a la contra se manejan con maestría.

Sus formas y maneras dan la medida exacta de su perversa concepción de lo público en general y del sistema autonómico, en particular: el Estado es únicamente el Gobierno de España y las Comunidades, usando términos futbolísticos, son instituciones de Tercera Regional preferente. Solo desde esta visión ha sido posible cargar a las autonomías con la mayor parte del ajuste del gasto público, sin revisar su financiación y teniendo que hacer frente a las demandas ciudadanas en educación, sanidad y  servicios sociales.

En vez de tanto tacticismo irresponsable hacen falta gobiernos con una mirada larga. En un Estado compuesto de las soberanías compartidas como el nuestro, es preciso  reforzar el engranaje y los ámbitos de participación, colaboración y cooperación que faciliten la integración de políticas; es imprescindible impulsar la horizontalidad y el trabajo en red como requiere la sociedad moderna.

Cuando solo se siembra verticalidad, mando y ordeno  y subordinación de la diferencia, no se recoge confianza, ni  lealtad, ni espíritu de conjunto. Sin ello reina la ineficacia y la descohesión. Es probable que éste sea el objetivo real: dejar caer a lo público para que lo privado lo reconstruya. Es obvio que, de ese modo, España se instalará con firmeza en el podio europeo de la desigualdad.