Estos días se cumplen cinco años de la huelga general del 29 de marzo de 2012, convocada contra una reforma laboral que se aprobó el mes anterior. Tanto años después y el sindicato UGT no ha cesado de insistir en los muchos sindicalistas que aún siguen encausados de manera injusta por participar en la misma y en otras movilizaciones.
Dos de ellos son Rubén Ranz y José Manuel Nogales, conocidos como Los dos de la Lealtad, que fueron encarcelados hasta el 30 de marzo de ese año y para los que la fiscalía pide siete años de cárcel en un juicio que comenzará el 21 de junio.
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, y al Secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT), Miguel Ángel Cilleros, se reunieron la semana pasada con ambos.
El sindicato volvió a exigir la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que, consideran, “criminaliza el derecho fundamental de huelga, un pilar básico de las relaciones laborales modernas que, durante los últimos años, algunos poderes públicos, con la Fiscalía al frente, han convertido en objetivo de persecución, criminalización e intervención administrativa”.
Además, exigieron la retirada de todos los cargos a los cientos de sindicalistas investigados por ejercer este derecho, “más aún tras el varapalo que sufrió el Gobierno la pasada semana, cuando el Congreso aprobó derogar o modificar sustancialmente la Ley Mordaza, base de todo este proceso persecutorio”.
