El director general de Difusión, Ignasi Genovès, adscrito al departamento de Presidencia, y la jefa de comunicación del Departamento de Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Anna Molas serán interrogados por la Guardia Civil en relación a los preparativos del referéndum unilateral del 1 de octubre.
Los agentes de la Guardia Civil se centrarán en averiguar quién pagó y gestionó las páginas web sobre el referéndum. Otro aspecto a aclarar es el responsable de organizar la campaña institucional impulsada por el Govern para crear un censo de catalanes residentes en el extranjero, según fuentes cercanas a la investigación han declarado a EFE.
En la causa que lleva a cabo el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre el 1-O, la Guardia Civil ha interrogado en lo que va de semana a otros tres altos cargos del gobierno catalán. A dos de ellos les comunicaron a media declaración que pasaban a tener la condición de investigados policiales.
En concreto, se trata del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y del director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, que fueron citados inicialmente como testigos y salieron de la Comandancia en calidad de investigados policialmente. El tercer alto cargo interrogado, en este caso como testigo, ha sido el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells.
La Guardia Civil también tomó declaración el pasado jueves como testigo al exportavoz del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, que tras su comparecencia denunció ante los periodistas que el Gobierno utiliza los "instrumentos del Estado" para "perseguir y destruir" la disidencia política.
Pese a que la Guardia Civil ha comunicado a Nin y Clotet su condición de imputados en la investigación policial, será el juez de instrucción, que ha prorrogado hasta finales del próximo mes de agosto el secreto de sumario del caso, quien deberá decidir si les mantiene esa condición.
Por el momento, en la causa abierta por el juez sobre los preparativos del referéndum, se mantienen como investigados: el exsenador de ERC, Santi Vidal; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó y a Carles Viver Pi-Sunyer, comisionado por la Transición Nacional de Cataluña.
