El futuro político de Artur Mas depende de la fortaleza de los dos cortafuegos que le separan de la relación directa con el 3%: Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, y Germà Gordó, a quien los investigadores consideran “el conseguidor” de la trama de corrupción asociada al cobro de comisiones por la adjudicación de obra pública. La lealtad de estos dos hombres le podría permitir a Mas seguir en activo; siempre que se acoja a la doctrina Rajoy: no sé de qué me hablan.

Hasta hoy, Mas se ha limitado a expresar su confianza en la honradez del ex tesorero y en la inexistencia de pruebas que confirmen el cobro de comisiones. A su juicio, las acusaciones no se sustentan por no haberse encontrado irregularidades en los concursos y en las adjudicaciones de su gobierno. De momento, el expresidente no ha hecho ningún comentario sobre las afirmaciones de uno de los testigos protegidos del sumario originado en El Vendrell. Un empresario aseguró a la policía que Mas le había dicho personalmente: “A partir de ahora, las adjudicaciones a través de Germà Gordó”. Tampoco ha hecho ninguna referencia a la milagrosa aparición de facturas de gastos electorales de CDC en el Palau de la Música, cuyo cobro con dinero de la entidad cultural confirmaron los industriales afectados ante el juez.

El fuego del 3% rodea finalmente a Artur Mas, doce años después de que Pasqual Maragall diera nombre al problema de CDC. Nadie hasta ahora había relacionado directamente al ex presidente con las comisiones políticas. La divulgación de las confesiones del testimonio protegido le acerca a la cúspide de la trama, fijando un nombre clave para el futuro del 3% y para él mismo: Germà Gordó.

Gordó formó parte del núcleo de confianza de Mas, luego fue nombrado secretario del gobierno, posteriormente consejero de Justicia y actualmente es diputado por JxS. Durante algún tiempo su nombre apareció como una de las escasas esperanzas de moderación en el gobierno catalán. La primera vez que el juez pidió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la investigación del diputado le fue denegada. La posición del TSJC podría cambiar tras la aparición de testigos protegidos que aseguran que un diputado de CDC les dijo: “Si queréis hacer algo más en Lleida, debéis de tratarlo con Gordó”.

Germà Gordó se ha convertido en la pieza clave. Todavía no ha sido implicado formalmente, pero el acoso al que le están sometiendo las revelaciones de los últimos días hace temer lo peor a los dirigentes del Pdcat. Político poco dado a hacer declaraciones, se ignora cuál va a ser su reacción. A diferencia de Osácar, sobre el que no parecen existir dudas sobre su voluntad de servicio al país, como el mismo explicó al fiscal.

En sus primeras declaraciones después del acelerón judicial, Artur Mas se preguntaba en RAC1 por qué tanta gente estaba tan interesada en apartarle de la política. Más allá del interés del gobierno de Madrid por acabar con su carrera, no supo hallar otra respuesta. Después de su paso entre multitudes por el TJSC por la causa del 9-N, el presidente del Pdcat se lanzó a una maratón de actos públicos y entrevistas periodísticas que casi todo el mundo interpretó como un intento de forzar a su partido a declararle candidato a la Generalitat. Y algunos dieron señales de resignación a asumir el riesgo de presentarle, a pesar de ser el responsable de la pérdida de la fuerza electoral de su partido por su precipitada conversión al independentismo y por ser el nexo de unión de las sospechas de corrupción de CDC con el nuevo Pdcat.

La resignación de los nuevos dirigentes podría convertirse en oposición abierta si su nombre acaba definitivamente atrapado en la telaraña del 3%. No hay declaraciones públicas sobre este extremo, únicamente susurros intencionados. Es muy probable que Mas apueste por la doctrina Rajoy; es mucho más difícil que lo haga su partido. Llegados a este extremo, en la intimidad de sus despachos, no es de extrañar que los jóvenes dirigentes sueñen con la creación de unas circunstancias excepcionales que permitan a Carles Puigdemont convocar unas elecciones precipitadas y reconsiderar su negativa a presentarse a la reelección.  Esto solo está en manos de la CUP y del gobierno Rajoy.