El Pleno del Ayuntamiento de Madrid se puso de acuerdo para abrir una comisión de investigación con la intención de despejar las dudas que existen sobre la gestión en los gobiernos del PP de Ana Botella, al frente del ayuntamiento, y de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid. Concretamente entre los años 2003 y 2015.

Este jueves, la justicia ha decidido que no hay nada que investigar. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha anulado el acuerdo del Pleno. Fue el PP, partido de los dos investigados, el que acudió a la justicia asegurando que se estaba buscando abrir “una causa general “en contra del PP y no investigar una gestión.

Tanto Ahora Madrid como el PSOE y Ciudadanos no creyeron lo mismo y votaron a favor de crear la comisión. En su opinión, hay mucho que aclarar, sobre todo puntos como los contratos con la trama Púnica o la venta de viviendas públicas a fondos buitres en los que, además, existe una clara relación con Botella y su hijo.

Pero no sólo eso, la comisión de investigación también quería esclarecer "la gestión de la contratación" realizada por el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas municipales poniendo especial ojo sobre "aquellas operaciones que conllevaron sobrecostes o que pudieran ser lesivas". Hay que recordad que la deuda en las arcas públicas llegó a subir hasta los 7.000 millones de euros.

Sin embargo, en el auto de este jueves, el magistrado sostiene que su finalidad está planteada "de una manera genérica" y que no se concretan los asuntos que se van a fiscalizar.

"Lo que se acuerda es que se investigue todo, durante tres legislaturas, a ver si algo se descubriera", reza el fallo dando la razón al PP de Madrid liderado por Esperanza Aguirre y declarando “nula” la comisión.

Un "proceso inquisitorial" contra el PP de Madrid

Aguirre no ha tardado en alegrarse por la decisión de la justicia. Según ha explicado, es un "varapalo jurídico" que demuestra que la comisión no era más que un "proceso inquisitorial" contra el PP de Madrid. "Supone una enmienda a la totalidad de los conocimientos jurídicos y administrativos de los que presentaron la propuesta. Y nos llama poderosamente la atención que esta iniciativa fuera promovida por la alcaldesa, de la que se presume que debe saber derecho por ser jueza", ha añadido.

Eso sí, durante los próximos 15 días, el resto de partido podrían recurrir esta decisión. Por el momento, el PSOE ya ha hablado.

Aunque aseguran que “hasta analizar en detalle la sentencia no podemos hacer una valoración de su contenido”, Purificación Causapié y al PSOE les “sorprende todo el trabajo y la energía que está dedicando Esperanza Aguirre a impedir que se investigue la gestión de los últimos años. Si todo fue tan transparente como dice ¿a qué tiene miedo?”, se preguntan.

“Seguimos considerando necesario aclarar lo ocurrido en el Ayuntamiento los últimos años y más a la luz de lo ya conocido en la venta de viviendas a fondos buitre y las contrataciones con empresas de la Púnica”.

Aguirre ha exigido a Carmena que pida perdón al partido y a sus votantes.