Los cuatro muertos del accidente ferroviario de Porriño tienen un punto en común con los 80 fallecidos en el siniestro del Alvia, en julio de 2013, en Santiago de Compostela: los dos se han producido en Galicia y bajo la gestión del Partido Popular. El último, además, ha coincidido con el comienzo de una campaña electoral en la que el candidato de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, parte como favorito para continuar presidiendo un gobierno que está bajo sospecha, precisamente, por su gestión de estos últimos y de otros desastres que han afectado a Galicia.

Accidente del Alvia

La Agencia Ferroviaria Europea hizo público a primeros de julio un informe en el que destacaba las "debilidades" del estudio realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, dependiente del Ministerio de Fomento. Afirma, entre otras cosas, que faltan análisis sobre la línea y cuestiona los motivos de algunas de las decisiones que se tomaron. El hecho de que tanto Renfe como la empresa administradora de las infraestructuras, Adif, formaran parte del equipo de investigación provoca, según el organismo comunitario, un "conflicto de intereses".

El candidato Feijóo, reacio antes a profundizar en las investigaciones, coincide ahora en la necesidad de concluirlas por completo, lo que supone un notable cambio de actitud. Días después del accidente afirmó que detrás de las voces que señalaban una escasa seguridad en el lugar del siniestro había empresas competidoras del AVE español interesadas en desprestigiarlo. El presidente gallego llegó incluso a acusar entonces a los grupos de la oposición de intentar hacer un uso político de las víctimas del accidente.

Una de ellas, Víctor Taibo, encabezó una protesta en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de julio cuando Ana Pastor fue elegida presidenta del mismo. Según la Plataforma de Víctimas a la que pertenece, la exministra de Fomento "ha hecho todo lo posible para que no se sepa la verdad".

Incendios forestales

 Si algo ha molestado a muchos gallegos en medio de la ola de incendios forestales de este verano es que Rajoy, y en Galicia, se limitara a afirmar que "hacer daño es fácil... y hay gente que se juega incluso la vida". Gallegos, claro.  Además, el PP rechazó a finales de agosto la petición de comparecencia del presidente de la Xunta en la Diputación Permanente del Parlamento gallego alegando que el control y extinción de los fuegos está funcionando "razonablemente bien".

Otros no opinan lo mismo. Una parte de la oposición exige cambios estructurales en las políticas forestales y la gestión de los montes, incluida una unificación del servicio de extinción de incendios, que debería ser, a su parecer, "de carácter público y profesionalizado".

Los últimos incendios han recordado a muchos la actuación del Partido Popular hace ahora diez años, cuando Galicia sufrió la peor oleada de fuegos en dos décadas, con 100.000 hectáreas quemadas en unos 7.000 incendios. En medio de las acusaciones de unos contra otros, con la Xunta presidida entonces por el Partido Socialista Gallego, se conoció que una parte de la dirección de los populares gallegos había instado a sus alcaldes a boicotear el dispositivo contra incendios de la Xunta poniendo obstáculos a la formación de las brigadas municipales.

Los "hilillos de plastilina" del Prestige

Poner palos en las ruedas u ocultar lo inocultable ha formado parte de la política popular en Galicia, como demostró la catástrofe del Prestige. El entonces vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, Mariano Rajoy, dijo aquello de que "salen unos pequeños hilillos, los que se han visto; hay en concreto cuatro regueros que se han solidificado con aspectos de plastilina en estiramiento vertical; debe salir de alguna de las grietas; están los técnicos estudiando qué significa eso." Rajoy remató la faena alegando que "afecta a una parte importante de A Coruña, pero no es una marea negra".

En la hemeroteca está todo lo demás: el entonces ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, afirmó después de sobrevolar la zona que una primera impresión de la situación "es bastante positiva, ya que puedo decir que no hay playas manchadas de chapapote".

Aunque el PP no lo viera, fue una de las mayores catástrofes medioambientales sufridas por nuestro país, con más de 60 toneladas de fuel vertidas al mar, 17.000 aves muertas y daños valorados en una cantidad cercana a los 4.000 millones de euros.