La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha difundido un informe titulado 'Energía y competitividad: Propuestas del sector empresarial’, en el que explica su modelo energético, que pasa por un defensa a ultranza de la energía nuclear, mantiene una actitud fría con las energías renovables y reclama un pacto de Estado por la energía que, curiosamente, no apoyó cuando lo planteó el ex ministro socialista Miguel Sebastián en 2010.

Alarma con subidas de la luz 

El cierre de las centrales nucleares supondría un incremento de entre el 10 y el 15% de la factura eléctrica para los consumidores, con la consiguiente pérdida de competitividad para nuestro país”. Así si consta en el documento en el que defiende que “mantener y promover el uso de la energía nuclear es vital", porque que "contribuye a la lucha contra el cambio climático” y supone un gran ahorro.

Según las cuentas de los empresarios españoles, se necesitarían 50.000 millones de euros para la sustitución de las centrales nucleares “por una nueva generación libre de emisiones de carbono”. Por ello, piden extender la vida útil de las centrales con el consentimiento del Consejo de Seguridad Nuclear (algo obligado por Ley). Además, la CEOE pide que se construya de inmediato el almacén de residuos nucleares (ATC) porque “es importante resolver satisfactoriamente y de forma definitiva los problemas existentes en relación a la construcción del Almacén Temporal de Residuos Centralizados”.

 Autoconsumo y renovables

La CEOE aboga por la necesidad de eliminar los precios regulados, tanto de la luz como del gas natural, que provocan “distorsiones en los mercados e impide la competencia”. Asimismo, abogan por que los costes relacionados con las energías renovables se realicen “principalmente por medio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pudiéndose utilizar otros mecanismos de financiación”.

 Sobre el autoconsumo energético se reclama un “marco jurídico estable” en el que, “tanto las condiciones nacionales, como la suficiencia de las contribuciones a la red y a la operación del sistema eléctrico, debe ser especialmente ponderadas, garantizando así la sostenibilidad económica del sistema eléctrico”. Por otra parte, la CEOE ve “conveniente definir un solo procedimiento de tramitación o legalización unificado en este tipo de instalaciones” por parte de todas las Comunidades Autónomas.

 Contra los impuestos energéticos

Respecto a la “amplia gama de impuestos de carácter local y autonómico” que hay en España y que gravan las actividades del sector eléctrico e industria “con fines supuestamente ambientales”, la CEOE exigen la supresión de “todos aquellos impuestos que creen una doble imposición entre la política fiscal nacional y la autonómica”. Además, afirman que “acaban suponiendo una importante distorsión para la actividad”, ya que aumentan el precio “artificialmente con toda una serie de impuestos que envían señales ineficientes de precios a los consumidores”.