Se cumplen 12 años desde que un grupo de militares españoles se tomara la justicia por su cuenta y, sobrepasando sus funciones, usarán la violencia con los detenidos iraquíes que custodiaban. Más de una década después, Amnistía Internacional denuncia que sigue reinando la impunidad sobre las torturas cometidas.

Pese a que la justicia ordinaria ha reconocido la existencia de dichas torturas, el caso ha estado en manos de la justicia militar, que decidió en 2015 dejarlo de manera provisional. Por ello, la organización ha querido mostrar públicamente su preocupación por las irregularidades producidas en la investigación militar.

En el informe Torturas cometidas por soldados españoles en Irak: 12 años sin justicia, tras haber tenido acceso a los autos y a las investigaciones, Amnistía desvela las irregularidades cometidas entre las que destacan la eliminación de testigos que podían haber identificado a los responsables de las torturas. Sin embrago, lamenta la ONG, lo único que se ha conseguido es “crear un clima de impunidad”.

“Esta es una mancha en el historial del Ejército español. No se han hecho todos los esfuerzos para identificar a víctimas y responsables de los abusos. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas”, ha afirmado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Una custodia que se convirtió en un calvario

En 2013, el diario El País publicaba un vídeo en el que se veía como cinco soldados españoles propinaban patadas y maltrataban a dos prisioneros que estaban bajo su custodia en el Centro de Detención que mantenían en Irak. Los hechos databan de 2004.

La cuestión es que las caras de los soldados españoles aparecen pixeladas en el vídeo, por lo que era clave que se tomara en consideración la declaración de una persona que sí había podido ver el vídeo antes de que fuera retocado.

Por asuntos como este, Amnistía Internacional ha exigido al Fiscal General del Estado y a la Fiscalía Togada que la investigación pase a la jurisdicción ordinaria para que se pueda esclarecer lo sucedido “de forma imparcial e independiente”.

 “Solo así se impediría que se mantenga un clima de impunidad que dura ya más de diez años en relación a crímenes de derecho internacional como son la tortura u otros malos tratos, que entre otras características, no prescriben nunca”, ha reclamado Beltrán. “Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación adecuada por parte del Estado y los responsables, si se confirma su culpabilidad, deben cumplir con la sanción que les corresponda”.