En Valencia siguen cantando, y no hablamos de Francisco. Otro empresario ha confesado haber financiado de forma ilegal al PP valenciano en varias citas electorales y que falsificó documentos para simular la veracidad de los pagos fraudulentos. El cantarín ha sido Alejandro Pons, que se une así a los alicantinos Enrique Ortiz y José Francisco Beviá.
Pons ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación del PSOE valenciano y admite todas las conclusiones de las partes. Según informa la Cadena SER, esto significa que reconoce que, junto a otros empresarios que contrataban con la Generalitat valenciana de Francisco Camps, “abonó de forma irregular” las campañas electorales que el PP luego adjudicaba a Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel.
Con la financiación ilegal al PP, estos empresarios luego se aseguraban las contrataciones públicas de la Generalitat. En el caso de Pons, era adjudicatario de la mayor parte de concursos de mantenimiento de la Diputación de Castellón, cuando era presidida por Carlos Fabra, ahora en prisión.
Pons busca así rebajarse la pena de cárcel que le reclama la Fiscalía Anticorrupción y que asciende a seis años de cárcel, a raíz de haber entregado al PP más de 30.000 euros en las municipales y autonómicas de 2007, y en las generales de 2008 -en las que participó Mariano Rajoy- además de las falsedades en el documento.
Con su confesión, Pons busca que su condena se baje hasta un año y nueve meses de cárcel. En el banquillo de la Audiencia Nacional se sentarán Vicente Rambla, que fue vicepresidente primero de la Generalitat en los tiempos de Camps, y el secretario general que nombró en el partido, Ricardo Costa, así como tres antiguos altos cargos en el PP. Junto a ellos estarán los cabecillas de la trama y diez empresarios, de los cuales, de momento, ya han cantado tres. Y sólo aquí, porque la lista de cantarines que tiene al PP de los nervios es bastante larga.
