¿A qué espera la Fiscalía Anticorrupción para pronunciarse sobre las denuncias presentadas por la Plataforma ciudadana contra la construcción del basurero nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) y que señalan directamente al marido de María Dolores Cospedal? Pregunta más recurrente estos días en los círculos políticos de Castilla-La Mancha, comunidad por la que la secretaria general el PP aparece poco o casi nada, y donde su esposo, Ignacio López del Hierro, vuelve por derecho propio a la barra de los bares al ser señalado directamente en la denuncia presentada por la Plataforma Anti ATC (y van tres) ante la Fiscalía Anticorrupción, donde demuestran con documentación escrita que más de dos tercios de las adjudicaciones de Enresa para la construcción de este Almacén Temporal Centralizado (ATC) fueron a la empresa en la que es consejero López del Hierro, convertido ya en el talón (“tacón”, dicen sus detractores) de Aquiles de la expresidenta del Gobierno castellano-manchego. Presidencia que perdió el pasado mayo en favor del socialista Emiliano García-Page y que en las pasadas elecciones del 20-D ha vuelto a sufrir un destacado descalabro al perder 4 de los 14 diputados con los que contaba en la pasada legislatura el PP en tierras castellano-manchegas.
37 millones para la empresa del marido de Cospedal
Como ya adelantó ELPLURAL.COM el pasado 29 de diciembre, desde la entrada de López del Hierro en Iberinco, hasta la actualidad, esta compañía directamente, o a través de empresas participadas, ha recibido adjudicaciones a través de cinco contratos por valor de 36,99 millones de euros, sobre un total de 54,71, en adjudicaciones de Enresa relacionadas con el ATC. Es decir, más de 2/3 de las adjudicaciones de la empresa estatal encargada de los residuos radiactivos relacionadas con el ATC, según recoge la Plataforma en su escrito presentado ante la Fiscalía, donde recuerdan que en todos los casos se tratan de Uniones Temperales de Empresas (UTE), en las que participa Iberinco o bien comañías como GHESA y “Empresarios Agrupados”, en las que Iberinco tiene una importante participación accionarial.
Gil-Ortega, un destacado miembro del “clan”
En este nuevo escrito, la Plataforma nutre su nueva denuncia con la aportación de otros 18 nuevos documentos en los que se subraya la sincronizaciñon entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de ignacio López del Hierro en Iberinco, ambos en mayo de 2012. Los denunciantes ponen de manifiesto la estrecha relación entre María Dolores de Cospedal y Gil-Ortega, persona de su confianza, con una larga trayectoria política (entre otros cargos fue alcalde del PP de Ciudad Real y vicepresidente de las Cortes Regionales) y con nula experiencia en el sector nuclear, como así fue denunciado también por los propios compañeros de Cospedal, incluida la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Falta de idoneidad, y otros asuntos de mala praxis económica, llevaron a Francisco Gil-Ortega a dimitir en febrero de 2015 al ser desautorizado por el propio Ministerio de Industria, cuyo titular, José Manuel Soria, también forma parte del “Clan de Los Cospedal”, cuando estaba a punto de adjudicar la obra civil principal por un valor de licitación de 217.760.000 de euros y que actualmente se encuentra pendiente de adjudicación (a falta de la apertura del tercer sobre desde noviembre de 2014).
Nuevas adjudicación sin luz ni taquígrafos
La Plataforma denuncia también que lejos de parar las licitaciones del ATC, el pasado 5 de noviembre se adjudicó un nuevo contrato a la UTE Proyecto ATC (Gas Natural- Iberdrola) por valor de 2,76 millones de euros. Se trata del “servicio de ingeniería de apoyo al licenciamiento para el almacén de espera de contenedores y el módulo de residuos especiales del ATC”, a pesar de que el proyecto está parado desde el 30 de julio al ampliar el Gobierno de Emiliano García-Page la zona especial de protección para las aves (ZEPA) actual, de forma que pasará a cubrir los terrenos que el Gobierno de España quería reservar para el futuro almacén temporal centralizado (ATC) de residuos.
Villancicos y lucha en las redes
Toda esta oscura situación lleva a la Plataforma a continuar con su campaña “No pago ATC”, difundiendo etiquetas en las redes sociales en las que se denuncia el desvío de fondos públicos hacia fines distintos a la gestión de los residuos nucleares. Por otro lado, con la entrega ayer de 1.608 firmas la Plataforma pide al ministro Soria que “deje de derrochar dinero público en un ATC bloqueado e innecesario, puesto que ya existen o existirán en breve almacenes en las centrales nucleares; los terrenos no válidos; y tras el inicio de procedimiento de protección de la zona, no existe posibilidad legal de continuar con el proyecto”. Iniciativas que tuvieron estas navidades una desenfadada camapaña, con la composición e interpretación callejera de villancicos contra el matrimonio Cospedal/López del Hierro, como así recogía este periódico.
“No nos da miedo Benjamín”
La Plataforma, que tiene claro que la expresidenta de Castilla-La Mancha y líder del PP regional (y por tanto jefa de Benjamín Prieto) podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias, anuncian que no se van a achantar contra las “amenazas” del presidente de la Diputación de Cuenca, el “popular” Benjamín Prieto, quien advirtió a los activistas que no descarta iniciar acciones legales contra la Plataforma Anti ATC después de que haya puesto en tela de juicio las adjudicaciones de mejora de carreteras ejecutadas mediante un convenio entre la Diputación y Enresa. Prieto asegura “respetar” las acciones de esta plataforma, aunque no las comparta, pero lo que “no vamos a permitir son acusaciones veladas contra la Diputación”, amenaza, cuando en realidad los activistas no acusan a la Diputación sino a su presidente, Benjamín Prieto, que se escuda en la institución eludiendo sus responsabilidades políticas.
