El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido pasarle el muerto de las autopistas de peaje al próximo Presidente del Gobierno. La ministra de Fomento, Ana Pastor, responsable de este entuerto, ha optado por aplicar la máxima de ‘para lo que me queda en el convento…’
Un agujero de unos 8.000 millones por las ocho autopistas en quiebra, o lo que es lo mismo, aumentar el déficit público de España entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales, según calcula Seopan, la patronal de las grandes constructoras. Ese parece ser el legado que la titular de Fomento le deja a su sucesor. Fomento presentó en marzo de 2014 un plan, anunciado a bombo y platillo, para liquidar todas las autopistas de peaje en quiebra.
Sociedad pública
La idea era crear una sociedad pública para integrar las autopistas con dificultades económicas aplicando una quita del 50% de la deuda de estas carreteras y la creación de un fondo de titulación que emitiera bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%.
Pero eso era antes. Ahora, a tan solo dos meses de las elecciones generales, Pastor ha decidido prolongar al máximo la liquidación de las infraestructuras, un conveniente cambio de estrategia, puesto que Bruselas aprieta con el cumplimiento del déficit y reconocer que los españoles tendrán que asumir el coste de la liquidación puede ser fatal de cara a las urnas.
Donde dije digo...
Pastor aseguró en su momento que no tomaría ninguna decisión que le costase dinero a los españoles; ni a los españoles ni al PP, porque no parece dispuesta a adoptar ninguna resolución.
Veremos cómo afronta el próximo Gobierno la situación, porque mirar para otro lado no puede ser la solución definitiva. La Ley obliga a asumir la totalidad de los costes de la liquidación, así lo dictamina la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), un blindaje que se aseguró la banca para terminar cobrando sí o sí.
Las concesionarias podrían cobrar
En un principio, parecía que las entidades bancarias que ayudaron a la construcción de los peajes iban a ser las únicas que iban a recuperar los préstamos mediante la aportación a fondos públicos, pero las concesionarias podrían terminar cobrando.
Sacyr, ACS, OHL o Abertis daban por perdidas sus inversiones, pero esta semana, el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid ha decidido echar más leña al fuego y amargarle la recta final de legislatura a Pastor. Ha dictaminado la liquidación de la autopista M-12 Eje Aeropuerto al rechazar el plan de rescate diseñado por el Ministerio. OHL, propietaria del 100% de la autopista así lo anunció. Cobrará.
La sentencia obliga al Estado a hacerse cargo de la concesión, como propietario último del activo, abriéndose así una vía por la que otras siete concesionarias podrán reclamar al Gobierno más de 4.000 millones de euros.
¿La solución de Fomento? Recurrir y ganarle tiempo al tiempo. El departamento, responsabilidad de Pastor, ratificó esta semana que recurrirá ante la Audiencia Nacional Provincial de Madrid el auto dictado por el Juez. Antes del 20 de diciembre no habrá respuesta, y después de las elecciones generales, Dios dirá.
