La imputación se encuentra enmarcada dentro de la pieza número 32 del caso Mercurio, que investiga la presunta corrupción en el consistorio de la localidad barcelonesa, según informa EFE.
Por si no fueran pocos los alrededor de 2.300 euros al mes que cobraba Jordi Soriano por su supuesta invalidez, sumados a su sueldo como concejal, también ejercía otras actividades profesionales y empresariales, según ha explicado el abogado de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, personada en la causa. En concreto, Soriano recibía de su empresa familiar, de la que formaban parte su mujer e hijos, presuntas transferencias ilícitas procedentes de asesoramientos verbales a varias compañías.
