La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la querella por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de dinero público contra José Antonio Sánchez en su etapa de director general de Telemadrid. Sánchez ha sido nombrado recientemente presidente de RTVE ante el asombro político y periodístico. Su gestión al frente de Telemadrid es recordada por la manipulación sin complejos al servicio del PP y por el brutal Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dejó en la calle a más de 800 trabajadores, despido del que se libraron aquellos que tenían acredita militancia o simpatía por el Partido Popular. Su llegada a la televisión pública estatal fue recibida con la repulsa unánime de los trabajadores.

Anulado el archivo del juzgado de Pozuelo
La Audiencia ha estimado el recurso de apelación presentado por el sindicato Comisiones Obreras  contra la decisión de archivo provisional decretado por un juzgado de Pozuelo. La Audiencia estima que la explicación razonada de José Antonio Sánchez en el juzgado "no ha sido objetivamente verificada" y que "la decisión de sobreseimiento provisional no descarta que los hechos sean delictivos" porque en el archivo provisional "únicamente afirma que no se ha justificado debidamente su perpetración". El auto devuelve el caso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, que archivó la querella en noviembre de 2013.

Despedir para subcontratar
En la querella Comisiones Obreras denuncia que después de despedir a 861 trabajadores, Telemadrid subcontrató a otra empresa, Telefónica Broadcast Services, los mismos trabajos que realizaban buena parte de los empleados despedidos en el ERE, lo que para CCOO es una "cesión ilegal". La titular del juzgado de instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) admitió entonces a trámite la querella al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de varios delitos, concretamente de los de "contra el derecho de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y delito societario".

Aunque el actual presidente de RTVE defendió entonces "la absoluta legalidad" de todas sus actuaciones y contratos, se reabre la investigación.