Mayo de 2012, el Gobierno de Rajoy comunica a Bruselas que revisa al alza un 0,4% del PIB el déficit público de 2011, último año de Gobierno Zapatero, dejándolo por encima del 10%. Soraya Sáenz de Santamaría salió al ataque culpando a Zapatero de todos los males, era la única defensa, dado que la verdad es que hubo que revisar al alza el déficit porque dos Comunidades Autónoma santo y seña del PP, Madrid y valencia habían manipulado sus cuentas, habían falseado sus déficits oficiales para engañar precisamente al Gobierno de Zapatero. Falsear las cuentas es algo muy grave, en las empresas perseguido penalmente, y en los Gobiernos del euro implica sanciones millonarias. Eurostat, la agencia estadística europea, abrió una investigación pasa saber desde cuando se falseaban los datos. En el caso de Madrid se cerró meses después, pero no la investigación sobre la Comunidad Valenciana, sobre la que Bruselas sospecha que lleva falseando sus cuentas públicas desde los gobiernos de Camps.

Rajoy no quiere  abrir cajones en Valencia
Hace tan solo tres años Aguirre y Camps celebraban juntos cumbres y constituyeron lo que denominaron el "eje de la prosperidad" que la realidad demostró ser el 'eje de la corrupción' con la trama Gürtel de cordón umbilical. Pero la investigación de Eurostat no es una broma, han constatado que las cuentas públicas no cuadran y el pasado mes de julio la Comisión Europea abrió una investigación oficial sobre la manipulación de las cifras de déficit en la Comunidad valenciana, gobernada desde hace dos décadas por el PP, al no registrar gastos realizados. El Gobierno español, en un gesto sin precedentes, ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anule dicha investigación con un recurso presentado el pasado 22 de septiembre. En dicho recurso acusa a las autoridades comunitarias de realizar "una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España".

Sin esperar a que concluya el expediente
Tan claro debe tener el Gobierno del PP que lo que se puede descubrir sobre las cuentas públicas valencianas no les beneficia -y menos en vísperas electorales- que el Gobierno ni siquiera ha esperado a que Bruselas concluya el expediente para recurrir al Tribunal, que es lo que se hace habitualmente. Es más, lo que persigue el Gobierno es que se paralice la investigación. El ejecutivo comunitario dispone de un plazo de diez meses, a contar desde el pasado julio, para concluir su investigación sobre el gobierno valenciano, eso si el gobierno no consigue paralizar antes la investigación vía Tribunal de Justicia de la UE. Si se confirma que el gobierno valenciano amañó las cuentas públicas ocultando gastos, Bruselas puede imponer una multa  a España por importe de hasta el 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros.