Alberto Fabra mantiene la vieja costumbre de la Generalitat desde Eduardo Zaplana pasando por la de Francisco Camps de pagar con dinero público sondeos que incluyen datos de intención de voto cuyos resultados se oculta a la oposición y los ciudadanos.

1.350.000 de euros en sondeos
Empezaron a ser más habituales con Camps, con una periodicidad trimestral. El expresidente valenciano se habría gastado cerca de 1.100.000 euros. Hasta el momento, su sucesor, Alberto Fabra, que no ha parado de presumir de austeridad, habría sacado para este fin de las arcas públicas otros 250.000 euros, según datos de Público.

Secretismo y manipulación
Fabra heredó también la argucia de mantener bajo llave los resultados (sólo el presidente y su equipo tienen acceso a ellos), a pesar de que los sondeos son pagados con dinero público, como una herramienta valiosa para conseguir mantenerse en el poder.

Según desveló el diario Levante, los sondeos llegan, incluso, a condicionar a los encuestados con preguntas tendenciosas contra la oposición como éstas: "¿cree que las cosas mejorarían para los intereses de la Comunitat Valenciana con un gobierno tripartito del PSPV, Compromís (Bloc) y Esquerra Unida?" o "¿con qué ideas asocia un gobierno tripartito del PSPV, Compromís (Bloc) y Esquerra Unida?". Entre las posibilidades de respuesta a estas preguntas se incluyen aseveraciones de este estilo: "una alternativa que promovería el independentismo", "un gobierno de carácter catalanista" y "un gobierno de radicalización de Izquierdas".

Otros 119.000 euros en mayo
El próximo 6 de mayo se prorrogará automáticamente el último contrato para la realización del sondeo, así que los valencianos pagarán 119.000 euros más para que la Generalitat, en manos del PP, cuente con una valiosa herramienta de cara a las elecciones autonómicas de 2015, especialmente en un momento en el que la mayoría de las encuestas vaticinan un mal resultado para los populares en esa comunidad.

La oposición denuncia la apropiación de recursos públicos
La oposición, que entiente que se trata de una apropiación de recursos públicos con fines partidistas, ha reclamado en numerosas ocasiones que estos estudios se hagan públicos. Pero sólo se han encontrado con la negativa del PP, que gobierna en mayoría. El vicepresidente, José Císcar, alegó en 2012 que se trata de “instrumentos de carácter auxiliar para la elaboración de informes internos de la administración, y en ningún caso abordan temas relacionados con la intención de voto, ni valoraciones personales de líderes políticos".