El alcalde del municipio gaditano de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), ha destituido del gobierno local a la concejal Ana María García, como consecuencia de las facturas de más de 20.000 euros registradas en su teléfono móvil oficial, debido a la recepción de SMS premium .

SMS de tarificación adicional
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento recibió dos abultadas facturas de la compañía Vodafone en la que se detallaban cargos por este tipo de servicios. Dichos servicios de tarificación adicional, fueron generados casi en su totalidad desde el número de teléfono corporativo asignado a la edil de Fiestas. Este extremo fue confirmado incluso por el propio alcalde perteneciente al mismo partido (PP) que la delegada cesada.

Amplio consumo en mensajes
Según informó en el mes de septiembre pasado el “Diario de Cádiz”, en la primera de las facturas, emitida el 8 de julio de 2013, consta un consumo en mensajes de 11.582,61 euros (sin IVA) mientras que en la segunda, expedida por la operadora el 8 de agosto, el importe por este concepto alcanzó los 5.431,17 euros (también sin IVA). La suma de ambos apartados y los impuestos (21% de IVA) arrojan un total de 20.586,57 euros en consumo de mensajería, de los que sólo unos 115 euros son atribuibles a la línea telefónica de otro concejal.

Servicios eróticos y búsqueda de pareja
En la misma información se explica que el servicio de mensajería que generaron ambos cargos en las facturas municipales se corresponde con una empresa que ofrece, entre otros, servicios de televisión interactiva (generalista y erótica) y una comunidad para buscar pareja. El funcionamiento de su gama de servicios se basa en la recepción en el terminal telefónico de mensajes cortos premium, (la empresa se define en su página web como líder en el sector de los mensajes sobretarificados) lo que supone un coste sensiblemente superior a los habituales.

Vodafone aclara las facturas
En un comunicado, el regidor afirma que esta decisión responde al escrito remitido por la empresa telefónica Vodafone el pasado 5 de noviembre, en el que la compañía da las explicaciones solicitadas por el Ayuntamiento ante dichas facturas.

“Uso de medios públicos para fines no adecuados”
El alcalde, el también popular Juan Andrés Gil, reconoce que estas facturas suponen “el uso de medios públicos para fines no adecuados, de donde se deriva la responsabilidad política que ahora se depura”. Gil ha calificado su decisión como “final desagradable”, aunque deja constancia del “buen trabajo” desarrollado por la edil al frente de sus responsabilidades de Gobierno, especialmente la concejalía de Festejos.

Justificar lo injustificable
El alcalde ha intentado justificar lo injustificable al alegar sobre el contenido de las llamadas que se trata de “una serie de conversaciones telefónicas intrascendentes que, por estar acogidas a una tarificación especial, dejan de ser propias de un uso puramente municipal y público”.