Vicente Tirado, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y María Dolores de Cospedal.



Es muy difícil, por no decir imposible, al menos democráticamente hablando, encontrar en el mapa autonómico español un caso como el protagonizado por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, que desde el pasado mes de julio se niega sistemáticamente a comparecer en las Cortes castellano-manchegas para responder a las preguntas e iniciativas parlamentarias que el Grupo Socialista ha formulado para que dé explicaciones sobre el escándalo del caso Bárcenas. La también secretaria general del PP, eso sí, prefiere mostrarse en la Audiencia Nacional o en los Juzgados de Toledo antes que en el parlamento donde reside la soberanía del pueblo manchego.

Tirado, amigo y cómplice
Sin embargo, llama la atención que Cospedal prefiera el “glamour” de los tribunales, con lo mal la van, antes que dar la cara en las Cortes regionales, donde su fiel amigo y cómplice servidor, Vicente Tirado, presidente de la Cámara, frena cualquier iniciativa parlamentaria que no vaya encaminada a enaltecer la imagen de la presidenta manchega. Así las cosas, desestima, no califica e, incluso, expulsa del pleno a todo aquel que osa criticar la labor política de su “jefa”, cuestionada desde el pasado viernes, aun más si cabe,  cuando quedó en evidencia ante las contundentes declaraciones del extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien aseguró haberle entregado, “con mi mano”, dinero negro que no declaró a Hacienda.

Hartazgo socialista
Con estos antecedentes, con este desprecio hacia la democracia parlamentaria, no puede extrañar a nadie que el PSOE vuelva a pedir su dimisión, sobre todo después del espectáculo ofrecido, esta vez en directo, no en “diferido”, desde los juzgados toledanos. “Desde ese día (viernes, 18 de octubre), se han sucedido una serie de hechos que están haciendo un enorme daño a la imagen de Castilla-La Mancha. No sólo toda España pudo comprobar con estupor como el exgerente del PP, Sr. Bárcenas, la acusaba de haber recibido dinero de manera ilegal y de haber cometido delitos sino que, además, el pasado 11 de octubre el juez Ruz imputó al actual gerente del PP en Castilla-La Mancha por la presunta recepción de 200.000 euros que, según usted manifestó, se destinaron a la campaña electoral autonómica de 2007”, recoge la petición de dimisión que el PSOE presenta este martes en el registro de las Cortes castellano-manchegas.

“Salpica el buen nombre de los castellanomanchegos”
Por esta razón, los socialistas le recuerdan que ya el pasado 23 de julio expresaban su preocupación por la deriva que había tomado el llamado caso Bárcenas, por lo que ahora, con más razón, “es inaceptable que estas denuncias estén salpicando el buen nombre de Castilla-La Mancha”, añaden en su iniciativa, “es inadmisible e injusto que los ciudadanos vean como Castilla-La Mancha está siendo asociada a los gravísimos delitos que afectan a su  presidenta y a su partido. Castilla-La Mancha no puede soportar esta situación ni un minuto más por su culpa”.

“Asociada a gravísimo delitos”
Una vez más, el Grupo Socialista hace suyo el clamor reinante en el PP sobre el controvertido papel que juega Cospedal en todo este asunto, ya que entienden también que los “ciudadanos  no pueden soportar por más tiempo su duplicidad de cargos (secretaria general del PP y presidenta de CLM), puesto que cada día comprueban como usted no se dedica a esta región, que tiene multitud de problemas, más desde que usted es la presidenta”, sentencian.

Veinticuatro firmas contra Cospedal
Con estos antecedentes, el presidente de las Cortes castellano-manchegas, Vicente Tirado, señalado también por Bárcenas en la supuesta mordida de los 200.000 euros que el PP de Cospedal cobró en 2007 por conceder a Sacyr el servicio de recogida de basuras de Toledo, tiene muy difícil volver a oponerse ante la solicitud de comparecencia de la presidenta, si bien a los veinticuatro parlamentarios del PSOE tienen ahora otra prioridad  ante la negativa de Cospedal a dar la cara “para dar explicaciones a los ciudadanos de Castilla-La Mancha sobre las gravísimas acusaciones de haber cometido presuntos delitos de cohecho, fraude electoral y financiación irregular de su partido”, dicen. El Grupo Parlamentario Socialista exige ahora “sudimisión como presidenta de la Junta de Comunidades y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas”. A los socialistas se les ha acabado la paciencia.