El Gobierno del PP modificó la Ley para poder despedir a funcionarios, en este caso no estamos hablando de funcionarios pero si de empleados públicos o, mejor dicho, de trabajadores en empresas públicas. Y el Gobierno ha entrado con el hacha en las empresas públicas dispuesto a recortar plantillas. Primero fue Aena, ahora Tragsa y están preparándose los de Renfe y Adif. Hasta el momento el de mayor envergadura, por el número de trabajadores que el Gobierno quiere despedir, es el de la empresa pública encarga de realizar obras, Tragsa, que afectaría a 1.639 trabajadores.

Caída de ingresos
Tragsa es propiedad de la SEPI en un 52%, un 28% es del Ministerio de Hacienda y el resto se reparte entre las Comunidades Autónomas. Su finalidad es realizar obras y servicios para las administraciones públicas, desde construir un camino rural hasta limpiar una playa, y no puede rechazar una encomienda de gestión aunque pierda dinero. Sin embargo Tragsa ha sido un modelo de gestión y siempre ha tenido beneficios hasta este año, de hecho era una gran fuente de ingresos para la SEPI que compensaba así las pérdidas de otras empresas públicas como por ejemplo Hunosa. Tragsa tiene actualmente 9.848 trabajadores repartidos por toda España.

El Gobierno aduce como causa del ERE la caída del negocio, algo que ha ocurrido en todas las empresas y especialmente en las dedicadas a obras duramente golpeadas por la crisis que ha llevado a que muchas de ellas cierren. Aún así en los cinco años que llevamos de crisis Tragsa solo ha registrado pérdidas en uno, algo que ponen en valor los sindicatos quienes también reconocen que ha caído la carga de trabajo. Según el Gobierno Tragsa cerrará este ejercicio con unas pérdidas de 17 millones de euros a los que hay que sumar otros 10,5 de su filial Tragsatec, que se dedica a prestar servicios administrativos.

ERES a gogó
Aena (empresa pública de gestión de servicios aeroportuarios) cerró un ERE el pasado mes de enero que supuso el despido del 10% de su plantilla, 1.250 personas. Hasta la fecha se han sumado, por ejemplo, Ineco (Sociedad Estatal de Ingeniería y Economía) que ha dejado en la calle a 390 trabajadores, el Isdefe (ingeniería militar) ha despedido a 62 personas este verano, Renfe ha presentado un ERE para 300 empleados aunque le ha dado el carácter de voluntario y Adif (Alta Velocidad) ya ha anunciado que presentará otro en breve que afectaría a un número similar de trabajadores.

También en las Autonomías
A esta escabechina en las empresas públicas estatales hay que sumar los ERES que acometen las Comunidades Autónomas, entre los más llamativos están el ERE aplicado a la Radio Televisión Valenciana que dejará en la calle a 1.198 trabajadores o el de Telemadrid que dejó sin trabajo a 925. La falta de presupuesto, la falta de ingresos y el control de déficit son los argumentos que esgrimen los gobiernos, pero estos mismos gobiernos, tanto autonómicos como el central -todos gobernados por el PP- no ocultan la segunda intención tras los ERE, privatizar servicios.