El 1 de agosto, todos los grupos de la oposición, con la excepción de CiU, exigieron en el Parlamento la renuncia del presidente del Gobierno por las claras sospechas de financiación ilegal sobre el PP desveladas en el caso Bárcenas. Para escarnio de aquellos líderes políticos que subieron a la tribuna, ese día, Mariano Rajoy anunció que su Ejecutivo presentaría una batería de reformas legales contra la corrupción.
La causa abierta contra el PP en la Audiencia Nacional
El PP, que tiene un proceso abierto en la Audiencia Nacional por supuesta financiación ilegal durante dos décadas, a partir del dinero que donaron grandes empresarios que eran contratistas de la administración pública, es el mismo partido que se vanagloria de liderar reformas legales contra la corrupción política.
La reforma legal no afectará el proceso actual contra el PP
Alguno se preguntará: ¿cómo es posible que el PP quiera castigarse a sí mismo? Ya se sabe que quien hizo la ley, hizo la trampa. La reforma legal que pretende negociar el Gobierno con la oposición no se podría aplicar a su caso, pues las leyes no tienen carácter retroactivo. En cambio, es un lavado de cara que le hace quedar muy bien ante la ciudadanía.
La reforma será aprobada en un consejo de ministros el próximo mes
Según adelanta El País, el Ejecutivo quiere aprobar en un consejo de ministros de septiembre el proyecto de ley de reforma del Código Penal, en el que se incluyen algunas medidas contra la corrupción política. Sin embargo, deja pendiente del diálogo con la oposición incluir como delito la financiación ilegal de los partidos. Si no consigue un acuerdo, lo tramitará en solitario.
Se castigará la ocultación y el desvío de fondos públicos
El Gobierno propone incluir entre los apartados para castigar la corrupción de los políticos que se sancione la contratación de servicios por un precio sobrevalorado motivado por el pago de un soborno, así como la ocultación y desvío de fondos públicos.
Contratos por servicios fantasmas
Se considerará delito, además, la adjudicación de contratos sin que haya una contraprestación en servicios, la contratación a precios superiores a los reales o creación de fondos ocultos de efectivo sustraído al control de la administración, con riesgo de pérdida del mismo.
No será necesario acreditar el enriquecimiento ilícito
Según el proyecto de ley que planea el Gobierno, no se requerirá de la acreditación de un enriquecimiento, algo que en la mayor parte de los casos es imposible de constatar, sino que se identifica con la causa de un perjuicio al patrimonio público por un acto abusivo o desleal del funcionario.
Se simplificará el delito de cohecho
Se facilitará también la condena del delito de cohecho, a partir de la reforma bastará con la acreditación de que el político ha recibido un soborno, sin que sea necesario probar la conexión causal entre ese pago y el acto llevado a cabo por el funcionario en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que Francisco Camps, juzgado por un delito de cohecho y absuelto luego, posiblemente no se hubiera ido de rositas. El expresidente valenciano defendió que él no tenía capacidad para adjudicar contratos a la trama Gürtel y que no influyó en ningún funcionario para que favoreciera a la red corrupta. Con la reforma que estudia el Gobierno, sería suficiente acreditar que recibió los trajes para ser condenado.
